Lo que nos costó llegar a la democracia
Es un lugar común decir que nuestra democracia es joven y frágil, pero no es tan frecuente la reflexión acerca de la corta vida real de ésta. Basta recordar que desde la unificación nacional, la batalla de Pavón y el equilibrio de fuerzas materializado en 1862 con la presidencia del general Mitre hasta el presente, pocos años rigieron las instituciones democráticas, las elecciones sin fraudes y sin proscripciones. Este repaso arroja algunos datos sorprendentes que deberían invitarnos no a justificar por "inmadurez" los errores presentes del gobierno y/o la oposición, sino a pensar en todo lo que nos falta trabajar para consolidar nuestra democracia y convertirla de formal en real. Durante el período comprendido entre 1862 y 1916 rigió un régimen de exclusión social y económica que tenía su correlato político en la política del acuerdo entre las élites que se alternaban en el poder gracias a la vigencia estricta del más absoluto fraude electoral. Es muy interesante recordar que varias generaciones crecieron estudiando, historia oficial mediante, que a aquellos gobiernos surgidos al margen de la voluntad popular había que llamarlas "presidencias históricas".
El pueblo recién pudo votar tras la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 y pudo llevar a la Casa Rosada a su caudillo Hipólito Yrigoyen. La Ley por la que había luchado siguió vigente y amplió decididamente la participación política de los nuevos sectores sociales y, según los deseos de la oligarquía más lúcida encarnada por Sáenz Peña, integró al radicalismo y al socialismo, bajando parcialmente la conflictividad política pero no la social, que seguirá expresándose a tono con la injusticia reinante a través de los gremios y de sus armas de lucha habituales: la huelga y la protesta social.
Con la Ley Sáenz Peña, la oligarquía en el poder había dado un paso hacia su consolidación y legitimación; las responsabilidades de la administración y sostenimiento del sistema serían compartidas, aunque claro, y esto estaba fuera de discusión, el poder real seguiría en las mismas manos de siempre. Desde la primera presidencia radical, pasando por la segunda encarnada en Marcelo T. de Alvear y vuelta de Yrigoyen pasaron catorce años. En septiembre de 1930 aquella continuidad fue interrumpida violentamente por la expresión armada de una crisis importada de Wall Street, asimilada por lo que ya entonces comenzaba a denominarse "el humor de los mercados" y que desembocó en una tragedia.
Aquel golpe fundacional encabezado por el general Uriburu pero comandado por los intereses petroleros norteamericanos y el poder económico más concentrado de la Argentina era la puesta en acto de décadas de prédica antidemocrática de los sectores de la derecha autodenominada "nacionalista" que veía en la democracia un símbolo de la "decadencia de occidente". Eran los sectores que habían elegido no integrarse al sistema que la propia elite a la que pertenecían y de la que eran hijos dilectos había promovido con la reforma electoral para intentar legalizar su hegemonía. Su opción no fue democrática, no fundaron un partido de derechas que asumiera el veredicto de las urnas, prefirieron operar desde las sombras, conspirando, armando campañas desestabilizadoras y tejiendo alianzas con dos históricos factores de poder: el ejército y la Iglesia. El golpe del '30 abrió un período de ilegitimidad política y exclusión social y económica para las mayorías basado en un sistema electoral al que los golpistas generales Uriburu y Justo que se sucedieron en el poder bautizaron como fraude patriótico. Se mantuvieron las formas de la Ley Sáenz Peña en cuanto al uso del padrón militar y la existencia del cuarto oscuro, pero dentro del recinto podría haber un inesperado visitante; un matón gubernamental armado que obligaba a introducir la boleta que llevaba el nombre del "caballo del comisario" postulado por el gobierno dentro del sobre correspondiente.
El nuevo general presidente que nos tocaba en suerte trató de despegarse del general presidente que lo antecedió e intentó darle a su gobierno un tinte más civil y dejar la impresión de que comenzaba una nueva etapa histórica. Lo que era cierto, pero en el peor de los sentidos. Justo y su vicepresidente, nada menos que el hijo del "conquistador del desierto", representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del imperio británico en años de crisis. Había que concretar planes de ajuste y, así como los países centrales transferían los efectos negativos de la crisis a los países dependientes, el Estado en manos de la oligarquía transferiría esos efectos a las clases trabajadoras a través de rebajas salariales y aumentos de impuestos.
Al general Justo lo sucedió, fraude mediante, el radical anti-yrigoyenista Roberto Marcelino Ortiz. Su candidatura fue lanzada en el lugar indicado, la Cámara de Comercio Británica el 12 de junio de 1937 por el presidente de la entidad, el súbdito británico William Mac Callum. Resultaron "bendecidos" Roberto Marcelino Ortiz-Ramón S. Castillo; el candidato designado retribuye el favor diciendo: "La Argentina tiene, con vuestra patria, enlaces financieros y obligaciones tan importantes como muchas de las obligaciones que existen entre las metrópolis y diversas partes del Imperio". Ortiz morirá en el ejercicio de la presidencia y le tocará a Castillo intentar completar el período. Pero un nuevo golpe de Estado producido el 4 de junio de 1943 no se lo permitirá.
Los protagonistas del nuevo alzamiento son los miembros del GOU, una logia militar que se proponía terminar con el fraude electoral en el que veían una aguda fuente de conflicto que se sumaba a la situación de miseria en la que vivía más de la mitad de la población del país, y al crecimiento de la actividad sindical que podía desembocar en una "revolución comunista". El emergente de aquella llamada "revolución del 43" fue el coronel Perón, quien a través de una innovadora política social desde su cargo de Secretario de Trabajo y Previsión consolidó un camino político que lo depositó en la presidencia tras las primeras elecciones nacionales sin fraude desde 1928.
Perón asumió el 4 de junio de 1946 y llevará adelante un gobierno cuyos mayores logros serán la incorporación definitiva de la clase obrera a la vida política a niveles inéditos de inclusión, consumo y acceso a derecho que le habían sido históricamente negados como la salud, la educación y la seguridad social. Sus déficits tienen que ver con la limitación de las libertades civiles, la persecución a la oposición y la censura y el monopolio de los medios de prensa. Aquel período constitucional fue violentamente interrumpido el 16 de septiembre de 1955. Desde entonces y hasta 1973, el peronismo, el movimiento político mayoritario, fue proscripto y no pudo participar en las elecciones de 1958, en las que resultó vencedor el doctor Frondizi tras la orden de Perón de votar por él; ni en las elecciones de 1963, en las que resultó electo el Dr. Illia, quien intentó la incorporación gradual del peronismo a la vida política. Entre otras cosas por ese motivo, Illia fue derrocado a fines de junio de 1966 por el golpe cívico militar del general Onganía que inaugurará un período de siete años de dictadura autodenominada "Revolución Argentina" que le cerró al pueblo argentino todos los canales de participación abriendo la puerta a la violencia popular que estalló el 29 de mayo de 1969 en el Cordobazo.
Corrió mucha sangre bajo el puente hasta que el pueblo pudiera volver a votar el 11 de marzo de 1973, pero las cláusulas proscriptivas de Lanusse, el epígono de aquella "Revolución", postergaron hasta septiembre de 1973 la posibilidad de que el pueblo peronista votara por su líder y se desquitara con un histórico 62%. Tras la muerte de Perón y el gobierno de su esposa y heredera legal, aunque el general había designado públicamente como único heredero al pueblo, el peor golpe cívico-militar que recuerde la historia argentina irrumpió un 24 de marzo de 1976, destrozando el país y clausurando muchas cosas, entre ellas las urnas por unos eternos siete años. Desde 1862 hasta el triunfo de Alfonsín en 1983, durante aquellos 121 años la Argentina sólo había vivido en total 26 años en democracia plena sin fraudes, proscripciones ni golpes. El período inaugurado hace ahora 30 años es inédito en nuestra historia, en la historia de esta democracia joven, frágil todavía en construcción.
martes, 10 de diciembre de 2013
viernes, 29 de noviembre de 2013
Denuncias en tres provincias por las fumigaciones
Agrotóxicos pampeanos
Página/12
Con el avance de las fumigaciones, cada vez más pueblos dan batalla a los agrotóxicos. A los casos de Córdoba y Santa Fe, ahora también se suma la provincia de Buenos Aires.
Alberti en Buenos Aires, San Jorge en Santa Fe y Río Cuarto en Córdoba, sólo algunas de las localidades de la Pampa Húmeda donde también se cuestiona al modelo agropecuario y las fumigaciones con agroquímicos. En Alberti, un fallo del Superior Tribunal de Justicia bonaerense prohibió fumigar a mil metros de viviendas, pero los vecinos denuncian que no se respeta la sentencia judicial. En Río Cuarto rechazan la instalación de Monsanto y proponen un modelo alternativo. Decenas de pueblos de la Pampa Húmeda cuestionan la propuesta empresaria de fumigar a sólo 100 metros de las viviendas, exigen la prohibición total de fumigaciones aéreas y proponen límites de entre 800 y 1500 metros para las aspersiones terrestres.
Alberti está ubicado en el norte de Buenos Aires. María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández comenzaron a ser fumigados en 2006. Los rociaban con glifosato, atrazina y cirpermetrina hasta la puerta de su casa. El vecino sembraba soja. Y el caso llegó a tribunales. En agosto de 2012, la Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Incluso citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras.
Con el fallo de la máximo tribunal de Buenos Aires, los vecinos de Alberti solicitaron a los concejales que aprobaran una ordenanza que limitara las fumigaciones. Todo lo contrario, la Municipalidad autorizó fumigaciones a cien metros de las casas. En enero pasado rociaron con glifosato a sólo 40 metros de la vivienda de Monsalvo-Fernández y a cincuenta metros del polideportivo municipal, el mismo día en que comenzaba la colonia de vacaciones de cientos de niños. La primera semana de noviembre volvieron a fumigar a metros del polideportivo y a 300 metros de la casa familiar que la Corte Suprema había protegido.
“El fallo de la Corte establece que para otorgar permisos deben hacer primero estudios ambientales, audiencia pública y recién luego dar permiso. Nada de eso se cumple”, denunció Cristina Monsalvo y alertó: “Seguiremos en la lucha contra este modelo que no duda en sacrificar a las poblaciones”.
Situaciones similares se repiten en Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los Toldos, Saladillo y hasta en Guernica, partido de Presidente Perón, a sólo 40 kilómetros de Capital Federal.
Río Cuarto está ubicada al sur de Córdoba. En junio pasado, cuando la empresa Monsanto anunció la instalación de una planta de experimentación en la ciudad (también otra en Tucumán y una gran planta de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas), nació la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos. Iniciaron una “iniciativa popular” para que se aprobara una ordenanza que establezca un territorio libre de agroquímicos, y proponen una transición del modelo de transgénicos y químicos hacia la agroecología.
El 10 de septiembre se realizó un debate público en el Concejo Deliberante, con 70 expositores que disertaron tanto en apoyo como con críticas al modelo agroindustrial. “Si no son peligrosos los agrotóxicos, ¿por qué fumigan de noche?”, preguntaron dos nenas de 9 años de la escuela primaria Eva Duprat, ubicada frente a un campo fumigado.
Similares debates y críticas se repiten en las localidades cordobesas de Morrison, Huinca Renancó, General Levalle, Coronel Moldes, General Cabrera, Las Perdices, Coronel Baigorria, Villa Ciudad Parque e Italó, entre otros. En Alta Gracia está vigente una ordenanza que prohíbe fumigar a 1500 metros de la zona urbana, pero productores quieren vetar la ordenanza.
En San Jorge (Santa Fe), un grupo de familias del barrio Urquiza denunció en 2009 a un productor que, calle mediante, los fumigaba y provocaba intoxicaciones, alergias y problemas respiratorios. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron fumigar a menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían con avión. Mientras se respetó la decisión judicial, los chicos no enfermaron.
Viviana Peralta, una de las madres que iniciaron la denuncia, afirmó que las fumigaciones volvieron a fines de 2012. “Y volvimos a denunciarlos. Ahí frenaron. Tienen que entender que la Justicia ya dijo que paren y que la salud es lo primero”, reclamó.
Otras localidades de Santa Fe donde existen asambleas y rechazos al modelo son Alvear, Carcarañá, San Lorenzo, Desvío Arijón y San Justo, entre otros. A nivel provincial, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (que nuclea a decenas de localidades y organizaciones) impulsa una ley que prohíba por completo las fumigaciones aéreas y legisle un resguardo de 800 metros libre de agroquímicos.
Alberti en Buenos Aires, San Jorge en Santa Fe y Río Cuarto en Córdoba, sólo algunas de las localidades de la Pampa Húmeda donde también se cuestiona al modelo agropecuario y las fumigaciones con agroquímicos. En Alberti, un fallo del Superior Tribunal de Justicia bonaerense prohibió fumigar a mil metros de viviendas, pero los vecinos denuncian que no se respeta la sentencia judicial. En Río Cuarto rechazan la instalación de Monsanto y proponen un modelo alternativo. Decenas de pueblos de la Pampa Húmeda cuestionan la propuesta empresaria de fumigar a sólo 100 metros de las viviendas, exigen la prohibición total de fumigaciones aéreas y proponen límites de entre 800 y 1500 metros para las aspersiones terrestres.
Alberti está ubicado en el norte de Buenos Aires. María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández comenzaron a ser fumigados en 2006. Los rociaban con glifosato, atrazina y cirpermetrina hasta la puerta de su casa. El vecino sembraba soja. Y el caso llegó a tribunales. En agosto de 2012, la Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Incluso citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras.
Con el fallo de la máximo tribunal de Buenos Aires, los vecinos de Alberti solicitaron a los concejales que aprobaran una ordenanza que limitara las fumigaciones. Todo lo contrario, la Municipalidad autorizó fumigaciones a cien metros de las casas. En enero pasado rociaron con glifosato a sólo 40 metros de la vivienda de Monsalvo-Fernández y a cincuenta metros del polideportivo municipal, el mismo día en que comenzaba la colonia de vacaciones de cientos de niños. La primera semana de noviembre volvieron a fumigar a metros del polideportivo y a 300 metros de la casa familiar que la Corte Suprema había protegido.
“El fallo de la Corte establece que para otorgar permisos deben hacer primero estudios ambientales, audiencia pública y recién luego dar permiso. Nada de eso se cumple”, denunció Cristina Monsalvo y alertó: “Seguiremos en la lucha contra este modelo que no duda en sacrificar a las poblaciones”.
Situaciones similares se repiten en Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los Toldos, Saladillo y hasta en Guernica, partido de Presidente Perón, a sólo 40 kilómetros de Capital Federal.
Río Cuarto está ubicada al sur de Córdoba. En junio pasado, cuando la empresa Monsanto anunció la instalación de una planta de experimentación en la ciudad (también otra en Tucumán y una gran planta de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas), nació la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos. Iniciaron una “iniciativa popular” para que se aprobara una ordenanza que establezca un territorio libre de agroquímicos, y proponen una transición del modelo de transgénicos y químicos hacia la agroecología.
El 10 de septiembre se realizó un debate público en el Concejo Deliberante, con 70 expositores que disertaron tanto en apoyo como con críticas al modelo agroindustrial. “Si no son peligrosos los agrotóxicos, ¿por qué fumigan de noche?”, preguntaron dos nenas de 9 años de la escuela primaria Eva Duprat, ubicada frente a un campo fumigado.
Similares debates y críticas se repiten en las localidades cordobesas de Morrison, Huinca Renancó, General Levalle, Coronel Moldes, General Cabrera, Las Perdices, Coronel Baigorria, Villa Ciudad Parque e Italó, entre otros. En Alta Gracia está vigente una ordenanza que prohíbe fumigar a 1500 metros de la zona urbana, pero productores quieren vetar la ordenanza.
En San Jorge (Santa Fe), un grupo de familias del barrio Urquiza denunció en 2009 a un productor que, calle mediante, los fumigaba y provocaba intoxicaciones, alergias y problemas respiratorios. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron fumigar a menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían con avión. Mientras se respetó la decisión judicial, los chicos no enfermaron.
Viviana Peralta, una de las madres que iniciaron la denuncia, afirmó que las fumigaciones volvieron a fines de 2012. “Y volvimos a denunciarlos. Ahí frenaron. Tienen que entender que la Justicia ya dijo que paren y que la salud es lo primero”, reclamó.
Otras localidades de Santa Fe donde existen asambleas y rechazos al modelo son Alvear, Carcarañá, San Lorenzo, Desvío Arijón y San Justo, entre otros. A nivel provincial, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (que nuclea a decenas de localidades y organizaciones) impulsa una ley que prohíba por completo las fumigaciones aéreas y legisle un resguardo de 800 metros libre de agroquímicos.
Entrevista al líder qom Félix Díaz, a tres años de la represión y del asesinato de Roberto López
"Este es un momento muy especial porque nos da más fuerzas para seguir resistiendo"
Cooperativa de Comunicación La Brújula
El 23 de noviembre de 2010, luego de más de cuatro meses de corte de ruta, la policía provincial reprimió a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. Ese día fue asesinado el abuelo qom Roberto López y también murió un policía. Ni antes, ni después de esos hechos la comunidad dejó de luchar por lo que les pertenece: sus tierras.
Luego de la represión vino el procesamiento de una treintena de miembros de la comunidad, ninguno del lado de la policía. También el acampe en Buenos Aires, la huelga de hambre, las cadenas, las promesas incumplidas y el levante de las carpas en la 9 de julio tras cinco meses de resistencia.
Antes del nefasto episodio del 23 de noviembre y más aún después, una figura hizo visible nacionalmente la lucha no sólo de su comunidad sino de los Pueblos Originarios del país: el qarashe Félix Díaz.
A punto de cumplirse tres años de la feroz represión, Félix pasó por Rosario y brindó una memorable charla sobre la lucha de los Pueblos Originarios en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. La Brújula dialogó con el líder qom.
En la primera semana de noviembre se conoció otro atropello más para la comunidad: Félix junto a otros tres miembros fueron procesados por “robo de armas” y por ataques a efectivos policiales en la mañana de la represión en 2010.
- ¿Cómo repercutió esta mala noticia y qué medidas piensan tomar?
Para mí decir que es “mala” es exagerado. Porque nosotros estamos acostumbrados al maltrato y a la discriminación. Así que no es algo que nos sorprenda, porque sabemos que lo que hacemos es algo diferente a lo que hace el gobierno y somos conscientes de lo difícil que es esta lucha. Y lo que queremos es seguir sosteniendo la postura de buscar la autonomía para poder trabajar desde nosotros. Y que la Justicia respete nuestra autodeterminación como pueblo, porque las mismas leyes nos facultan a tomar decisiones de esta naturaleza.
-¿Cómo fue el armado de esa mañana por lo que se los acaba de procesar?
Para nosotros fue algo preparado. El 22 de noviembre recibí un mensaje de una mujer de Formosa capital que decía que un contacto suyo dentro del Servicio de Inteligencia de la provincia le había alertado que había órdenes desde el ejecutivo para que me maten. Esta mujer dijo: “Van a ir a matarte Félix. Por favor, retirate”. Yo nunca creí eso porque estando vigente la Ley 26.160 (que prohíbe cualquier acto procesal o administrativo para poder desafectar a las tierras indígenas o desalojar) confié de que se iba a aplicar a nuestro favor. Nunca creí que íbamos a sufrir esa represión.
A la mañana aparecieron los Celia, los criollos que ocupan nuestras tierras, acompañados por el comisario Caje de Laguna Blanca. Estuvieron en el territorio haciendo constatación de una supuesta denuncia de los Celia de un corte de un alambre (algo que se caratula como daño y perjuicio a una propiedad privada). Fuimos a averiguar que pasaba y cuando me acerco, lo primero que hizo Celia fue dispararme con una pistola. En ese momento estaba presente el comisario Caje y no hizo nada, ni siquiera un grito de “alto al fuego”. Miembros de la comunidad interpelaron al comisario, le decían: “¿Para qué viniste acá? ¿Para ver que mataran a nuestro líder?”. La respuesta del comisario fue un sí. Entonces hubo un forcejeo y la policía dejó tiradas sus armas y salieron corriendo. Esas armas que fueron dejadas en el suelo y que supuestamente fueron robadas son por las que se emitió la orden judicial. Nadie las tocó y no sabemos en que manos terminaron. Por eso a nosotros nos imputan que le hemos robado armas a los policías. Y también la causa dice que abusamos sexualmente a una mujer policía. Esas causas fueron inventadas por la misma policía y fueron las que terminaron en este procesamiento.
-Además fue la justificación para la represión que vendría horas más tarde…
Justamente se armó eso para poder justificar la intervención de la policía, con una supuesta orden de allanamiento. Pero si realmente querían hacer un allanamiento, eso no tenía nada que ver con el corte de ruta. Para desalojar la ruta necesitaban una orden judicial del Juzgado Federal, pero esa orden nunca fue emitida. Pero la policía se metió y nos reprimió y mató a un hermano nuestro. Y como si fuera poco, esa misma tarde quemaron nuestras casas.
-A 3 años de la represión y del asesinato de Roberto López, ¿cuál es el balance?
Estamos en un proceso muy importante por la visibilización de la problemática indígena y de las injusticias que padecemos día a día. Eso nos genera más confianza para seguir trabajando, para que en algún momento la Justicia pueda mirar con respeto a los Pueblos Originarios y no de esta manera. Porque sabemos que esta es una injusticia que se quiere fortalecer para seguir matando gente.
-Con respecto a la visibilización, ¿Qué rol jugaron los medios alternativos y los tradicionales?
Para nosotros ha sido muy importante la difusión del tema. Hemos visto el caso en diferentes medios, en las redes sociales, en medios alternativos. Muchas veces en Canal 13 o Radio Mitre salimos al aire denunciando estos hechos. Gracias a eso hemos podido instalar el tema en la sociedad. Y gracias a eso hay un reconocimiento enorme por parte de la sociedad de lo que esta pasando con los pueblos indígenas en Argentina.
-El gobierno provincial anunció en octubre que el Instituto de la Universidad de Formosa no va a ser instalado en el territorio de la comunidad. ¿Cómo recibieron el anuncio?
Nosotros sabemos que la Universidad no se va a instalar ahí porque la medida cautelar y el recurso de amparo sigue vigente en la Corte Suprema, por lo tanto no se puede hacer ninguna tarea en ese predio. El Gobierno no puede disponer del territorio porque primero se tiene que resolver la situación en la corte. Si el estado provincial trasladó el proyecto hacia el predio de la Escuela Agrotécnica de Laguna Blanca, para nosotros no cambia nada porque el terreno sigue en manos de gobierno de Formosa.
-Además ya se habían realizado los trabajos de desmonte y algunos trabajos en el terreno…
Sí, se hizo ese trabajo antes de la instalación de la Universidad y por eso lo rechazamos y salimos a cortar la ruta para frenar esa obra.
El modelo extractivista (agronegocios, megaminería, hidrocarburos) es resistido por los Pueblos Originarios. Quizás su peso más grande se encuentre en la sojización y sus consecuencias. La presentación del Plan Estratégico Agroalimentario 2020 fue otra apuesta del gobierno a profundizar aún más este camino.
- ¿Cómo afecta este modelo a la vida indígena?
La verdad que preocupa porque se están mirando los territorios indígenas, porque la mayoría están intactos de las contaminaciones ambientales. Por lo tanto ahí es donde se pueden generar recursos económicos ignorando la oposición de las comunidades. Creo que ese es uno de los enormes riesgos que corremos como pueblo: que no se respete nuestra decisión. Y ojalá que no se avance con esta política de expropiación de territorios indígenas, porque eso genera más muerte para nosotros, más hambre, porque en las tierras radica la vida. Si se destruye monte, se esta destruyendo medicamento que podría salvar vidas, alimento, leña, los recursos naturales que son el medio de subsistencia de los indígenas. Destruir esos recursos es tener como presa a los Pueblos Originarios: expuestos al hambre, a las enfermedades y las necesidades de construir su rancho, genera la dependencia del Estado y este te tiene que proveer agua, te tiene que dar gas, te tiene que dar luz. Para eso hay que tener recursos económicos. El Estado pretende que nos “modernicemos” y estamos lejos porque no tenemos dinero, ni trabajo, ni oficio como para poder trabajar.
-¿La casi nula ejecución de relevamientos territoriales en todo el país tiene que ver con esta situación, para seguir manteniéndola y que los Pueblos Originarios no recuperen sus territorios?
Justamente la política está puesta en eso: para que los territorios no se entreguen a los indígenas, que se mantenga como está. Ese es uno de los peligros que están sufriendo muchas comunidades en todo el país. No es solamente con nosotros, ejemplos como en Bartolomé de las Casas, que anteriormente contaban con 34 mil hectáreas y hoy tienen 13 mil; o Ibarreta que poseía 2800 hectáreas y hoy tiene 150. Ese enorme despojo que el gobierno hizo con los indígenas no tiene explicación, porque no hay un argumento jurídico para poder justificarlo. Es indiscutible el problema territorial de los pueblos indígenas.
-Tu caso es un ejemplo de eso, junto a otros miembros de la comunidad están procesados por “usurpar” sus propias tierras.
Eso es lo que utilizan para silenciar las voces de los líderes indígenas. Crean la causa penal para que no sigan molestando y que no defiendan su territorio. Creo que este es un momento muy especial porque a nosotros nos da más fuerzas para poder seguir resistiendo. Por eso este sábado 23 vamos a estar concentrados en la Ruta Nacional Nº 86 recordando y homenajeando al hermano Roberto López que cayó en defensa de la madre tierra. Ojalá que eso pueda revertir la situación y que nos devuelvan los territorios que tanto reclamamos.
- Link: Comunicado de la comunidad a tres años de la represión - http://www.
Luego de la represión vino el procesamiento de una treintena de miembros de la comunidad, ninguno del lado de la policía. También el acampe en Buenos Aires, la huelga de hambre, las cadenas, las promesas incumplidas y el levante de las carpas en la 9 de julio tras cinco meses de resistencia.
Antes del nefasto episodio del 23 de noviembre y más aún después, una figura hizo visible nacionalmente la lucha no sólo de su comunidad sino de los Pueblos Originarios del país: el qarashe Félix Díaz.
A punto de cumplirse tres años de la feroz represión, Félix pasó por Rosario y brindó una memorable charla sobre la lucha de los Pueblos Originarios en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. La Brújula dialogó con el líder qom.
En la primera semana de noviembre se conoció otro atropello más para la comunidad: Félix junto a otros tres miembros fueron procesados por “robo de armas” y por ataques a efectivos policiales en la mañana de la represión en 2010.
- ¿Cómo repercutió esta mala noticia y qué medidas piensan tomar?
Para mí decir que es “mala” es exagerado. Porque nosotros estamos acostumbrados al maltrato y a la discriminación. Así que no es algo que nos sorprenda, porque sabemos que lo que hacemos es algo diferente a lo que hace el gobierno y somos conscientes de lo difícil que es esta lucha. Y lo que queremos es seguir sosteniendo la postura de buscar la autonomía para poder trabajar desde nosotros. Y que la Justicia respete nuestra autodeterminación como pueblo, porque las mismas leyes nos facultan a tomar decisiones de esta naturaleza.
-¿Cómo fue el armado de esa mañana por lo que se los acaba de procesar?
Para nosotros fue algo preparado. El 22 de noviembre recibí un mensaje de una mujer de Formosa capital que decía que un contacto suyo dentro del Servicio de Inteligencia de la provincia le había alertado que había órdenes desde el ejecutivo para que me maten. Esta mujer dijo: “Van a ir a matarte Félix. Por favor, retirate”. Yo nunca creí eso porque estando vigente la Ley 26.160 (que prohíbe cualquier acto procesal o administrativo para poder desafectar a las tierras indígenas o desalojar) confié de que se iba a aplicar a nuestro favor. Nunca creí que íbamos a sufrir esa represión.
A la mañana aparecieron los Celia, los criollos que ocupan nuestras tierras, acompañados por el comisario Caje de Laguna Blanca. Estuvieron en el territorio haciendo constatación de una supuesta denuncia de los Celia de un corte de un alambre (algo que se caratula como daño y perjuicio a una propiedad privada). Fuimos a averiguar que pasaba y cuando me acerco, lo primero que hizo Celia fue dispararme con una pistola. En ese momento estaba presente el comisario Caje y no hizo nada, ni siquiera un grito de “alto al fuego”. Miembros de la comunidad interpelaron al comisario, le decían: “¿Para qué viniste acá? ¿Para ver que mataran a nuestro líder?”. La respuesta del comisario fue un sí. Entonces hubo un forcejeo y la policía dejó tiradas sus armas y salieron corriendo. Esas armas que fueron dejadas en el suelo y que supuestamente fueron robadas son por las que se emitió la orden judicial. Nadie las tocó y no sabemos en que manos terminaron. Por eso a nosotros nos imputan que le hemos robado armas a los policías. Y también la causa dice que abusamos sexualmente a una mujer policía. Esas causas fueron inventadas por la misma policía y fueron las que terminaron en este procesamiento.
-Además fue la justificación para la represión que vendría horas más tarde…
Justamente se armó eso para poder justificar la intervención de la policía, con una supuesta orden de allanamiento. Pero si realmente querían hacer un allanamiento, eso no tenía nada que ver con el corte de ruta. Para desalojar la ruta necesitaban una orden judicial del Juzgado Federal, pero esa orden nunca fue emitida. Pero la policía se metió y nos reprimió y mató a un hermano nuestro. Y como si fuera poco, esa misma tarde quemaron nuestras casas.
-A 3 años de la represión y del asesinato de Roberto López, ¿cuál es el balance?
Estamos en un proceso muy importante por la visibilización de la problemática indígena y de las injusticias que padecemos día a día. Eso nos genera más confianza para seguir trabajando, para que en algún momento la Justicia pueda mirar con respeto a los Pueblos Originarios y no de esta manera. Porque sabemos que esta es una injusticia que se quiere fortalecer para seguir matando gente.
-Con respecto a la visibilización, ¿Qué rol jugaron los medios alternativos y los tradicionales?
Para nosotros ha sido muy importante la difusión del tema. Hemos visto el caso en diferentes medios, en las redes sociales, en medios alternativos. Muchas veces en Canal 13 o Radio Mitre salimos al aire denunciando estos hechos. Gracias a eso hemos podido instalar el tema en la sociedad. Y gracias a eso hay un reconocimiento enorme por parte de la sociedad de lo que esta pasando con los pueblos indígenas en Argentina.
-El gobierno provincial anunció en octubre que el Instituto de la Universidad de Formosa no va a ser instalado en el territorio de la comunidad. ¿Cómo recibieron el anuncio?
Nosotros sabemos que la Universidad no se va a instalar ahí porque la medida cautelar y el recurso de amparo sigue vigente en la Corte Suprema, por lo tanto no se puede hacer ninguna tarea en ese predio. El Gobierno no puede disponer del territorio porque primero se tiene que resolver la situación en la corte. Si el estado provincial trasladó el proyecto hacia el predio de la Escuela Agrotécnica de Laguna Blanca, para nosotros no cambia nada porque el terreno sigue en manos de gobierno de Formosa.
-Además ya se habían realizado los trabajos de desmonte y algunos trabajos en el terreno…
Sí, se hizo ese trabajo antes de la instalación de la Universidad y por eso lo rechazamos y salimos a cortar la ruta para frenar esa obra.
El modelo extractivista (agronegocios, megaminería, hidrocarburos) es resistido por los Pueblos Originarios. Quizás su peso más grande se encuentre en la sojización y sus consecuencias. La presentación del Plan Estratégico Agroalimentario 2020 fue otra apuesta del gobierno a profundizar aún más este camino.
- ¿Cómo afecta este modelo a la vida indígena?
La verdad que preocupa porque se están mirando los territorios indígenas, porque la mayoría están intactos de las contaminaciones ambientales. Por lo tanto ahí es donde se pueden generar recursos económicos ignorando la oposición de las comunidades. Creo que ese es uno de los enormes riesgos que corremos como pueblo: que no se respete nuestra decisión. Y ojalá que no se avance con esta política de expropiación de territorios indígenas, porque eso genera más muerte para nosotros, más hambre, porque en las tierras radica la vida. Si se destruye monte, se esta destruyendo medicamento que podría salvar vidas, alimento, leña, los recursos naturales que son el medio de subsistencia de los indígenas. Destruir esos recursos es tener como presa a los Pueblos Originarios: expuestos al hambre, a las enfermedades y las necesidades de construir su rancho, genera la dependencia del Estado y este te tiene que proveer agua, te tiene que dar gas, te tiene que dar luz. Para eso hay que tener recursos económicos. El Estado pretende que nos “modernicemos” y estamos lejos porque no tenemos dinero, ni trabajo, ni oficio como para poder trabajar.
-¿La casi nula ejecución de relevamientos territoriales en todo el país tiene que ver con esta situación, para seguir manteniéndola y que los Pueblos Originarios no recuperen sus territorios?
Justamente la política está puesta en eso: para que los territorios no se entreguen a los indígenas, que se mantenga como está. Ese es uno de los peligros que están sufriendo muchas comunidades en todo el país. No es solamente con nosotros, ejemplos como en Bartolomé de las Casas, que anteriormente contaban con 34 mil hectáreas y hoy tienen 13 mil; o Ibarreta que poseía 2800 hectáreas y hoy tiene 150. Ese enorme despojo que el gobierno hizo con los indígenas no tiene explicación, porque no hay un argumento jurídico para poder justificarlo. Es indiscutible el problema territorial de los pueblos indígenas.
-Tu caso es un ejemplo de eso, junto a otros miembros de la comunidad están procesados por “usurpar” sus propias tierras.
Eso es lo que utilizan para silenciar las voces de los líderes indígenas. Crean la causa penal para que no sigan molestando y que no defiendan su territorio. Creo que este es un momento muy especial porque a nosotros nos da más fuerzas para poder seguir resistiendo. Por eso este sábado 23 vamos a estar concentrados en la Ruta Nacional Nº 86 recordando y homenajeando al hermano Roberto López que cayó en defensa de la madre tierra. Ojalá que eso pueda revertir la situación y que nos devuelvan los territorios que tanto reclamamos.
- Link: Comunicado de la comunidad a tres años de la represión - http://www.
domingo, 24 de noviembre de 2013
EL AVANCE DEL PENSAMIENTO NEOLIBERAL
No asusta, pero sorprende la proliferación de las ideas liberales en las cabezas de loscurrantes. Algo falla, o tras mucho estudio resulta que yo no lo he entendido bien, o son esos currantes exaltados los que necesitan estudiar más, por lo que me dispongo a hacer una pequeña guía de las bases del liberalismo económico para todo aquel que lo necesite, especialmente para aquellas personas que autoconvencidas de su volumen, en algunos casos ficticio, de patriotismo, cojones y dinero, han caído en una ideología fácil para su actitud, pero que exentos de pensamiento crítico no han valorado si es la correcta o no.
Esta ideología comienza a forjarse en el siglo XVII, pero es a principios del XIX cuando por diversos cambios políticos, sociales y económicos cuando acaba consolidándose . Prolifera en una sociedad occidental exenta de experiencias anteriores, por lo que será la primera ideología económica de tal magnitud y de la cual se desarrollaran las siguientes.
El liberalismo lleva por bandera la defensa de la propiedad privada, nadie más que yo puede tocar mi propiedad y lo que me he ganado, y hay una libre competencia entre individuos para que hagan lo que quieran con su capital, si tienes dinero bien, y si no lo tienes caes a la clase obrera donde no hay sanidad, justicia o educación porque no hayredistribución, ya que poner impuestos sobre el dinero de alguien es considerado una locura.
No obstante el liberalismo también piensa en el obrero, será libre de elegir el trabajo que mas le cuadre… ¡Que lujo!
Por Supuesto el estado existe solamente para garantizar una ley hecha de antemano e inmutable que garantice que las personas no se maten unas a otras, y poco mas…
No obstante el liberalismo también piensa en el obrero, será libre de elegir el trabajo que mas le cuadre… ¡Que lujo!
Por Supuesto el estado existe solamente para garantizar una ley hecha de antemano e inmutable que garantice que las personas no se maten unas a otras, y poco mas…
Años mas tarde, cuando la enfermedad, la miseria, pobreza, analfabetismo y descontento general eran la base de la sociedad, mientras unos pocos acumulaban riqueza, se decidió revisar el “liberalismo clásico”.
Surge el “liberalismo social“, que cede mas influencia al estado y a los trabajadores para una mejora urgente del entorno social, se necesita asegurar un mínimo de condiciones humanas al trabajador, y esto comienza a resquebrajar los ideales del “liberalismo clásico” (hasta la actualidad), por lo que a su reacción surge un movimiento de “liberalismo conservador” de personajes que podríamos asemejar al “Sr. Burns” de Los Simpson, que desinteresados por el bienestar social, e incluso del avance de su nación desligándose del nacionalismo que se les suele atribuir, prefieren seguir acumulando riqueza a toda costa y caiga quien caiga.
En este punto de la historia todo interesado en el liberalismo debería reflexionar cuál sería su situación en esa sociedad (situación real, no situación deseada) si las cosas hubieran seguido igual.
En este punto de la historia todo interesado en el liberalismo debería reflexionar cuál sería su situación en esa sociedad (situación real, no situación deseada) si las cosas hubieran seguido igual.
Actualmente vivimos en la era del capitalismo moderado y la globalización, pero los auspiciadores del antiguo liberalismo, los que promueven el “liberalismo conservador”, siguen existiendo, sin escrúpulos y con ganas de aprovecharse del mundo lo más que puedan con tal de enriquecerse. Estas son algunas de sus ideas:
-Los políticos malacostumbran a los trabajadores ampliando sus derechos. Los trabajadores aceptan lo que se les impone en el momento que trabajan para alguien.
-Critican la regulación del estado, el estado no debería intervenir en sus actividades puesto que ellos se han ganado lo que tienen.
- Lo ideal sería que el estado fuera dividido en pequeñas piezas y devolver todas sus tareas y funciones al mercado, privatizando todo y creando una sociedad sin estado.
-Libre competencia entre los individuos según sus recursos. Nadie va a asegurar a los individuos unas condiciones mínimas de educación, justicia y sanidad para competir en el mercado, se las tendrá que ganar él solo, esa es su libertad.
-Completa dominación civil para configurar un sistema social similar a “una planta bien llevada”
-Comprensión y sumisión hacia las élites.
-Fomento de la pasividad y de la exclusión política de los ciudadanos ya que no sonpolíticamente competentes.
Y así un largo etcétera.
-Critican la regulación del estado, el estado no debería intervenir en sus actividades puesto que ellos se han ganado lo que tienen.
- Lo ideal sería que el estado fuera dividido en pequeñas piezas y devolver todas sus tareas y funciones al mercado, privatizando todo y creando una sociedad sin estado.
-Libre competencia entre los individuos según sus recursos. Nadie va a asegurar a los individuos unas condiciones mínimas de educación, justicia y sanidad para competir en el mercado, se las tendrá que ganar él solo, esa es su libertad.
-Completa dominación civil para configurar un sistema social similar a “una planta bien llevada”
-Comprensión y sumisión hacia las élites.
-Fomento de la pasividad y de la exclusión política de los ciudadanos ya que no sonpolíticamente competentes.
Y así un largo etcétera.
Podemos ver como algunos teóricos como D.Truman, R.Dahl o mas actualmente el difuntoS.P. Huntington entre otros, escribieron libremente sobre estos temas, siempre con una actitud muy peyorativa hacia el pueblo, muchedumbre, prole o masa, tal como podemos oír hoy en día en ciertos círculos donde todavía se añora y se invierte en el fomento de estos valores y que incluso algunas veces consiguen contagiar a los que serían sus víctimas gracias a la persuasión de los medios que promueven con su capital.
Si todavía no ha sido comprendido el porqué de la intervención del estado hay que entender que, por ejemplo, la riqueza de una fábrica no la hace su dueño, también la fabrican lostrabajadores y los medios técnicos que proporciona la sociedad. La riqueza que se produce está socialmente condicionada, y es el estado el encargado de mejorar dichas condiciones. El dueño de la fábrica está en su derecho de hacer riqueza, pero dicha riqueza esta ligada a los derechos de los que trabajan y a los derechos de los logros técnicos que le ha proporcionado la sociedad en la que está haciendo riqueza. Sin regulación del estado los medios por los que su riqueza existe no serían posibles, al igual que todos aquellos derechos sociales que se disfrutan hoy en día.
Hoy en día hay que tener cuidado, ya que cuando se tambalean los pilares de la economía es mas fácil agarrarse a aquello que nos siga transmitiendo seguridad y protección, pero muchas veces un mensaje por hipnótico y fuerte que sea puede hacer que estemos apoyando el volver a un punto que todavía nos conviene menos sin que lo sepamos.Piénselo, piénsese.
Violencia.
Solo la sociedad de 9 de julio sabrá alguna vez que nos llevo a ser una ciudad violenta y dejar de ser la cuidad apacible donde "no pasaba nada", muchos quieren retrotraerse a época de orden militar donde se reprimía con una policía bonaerense que ejercía el poder militar en la ciudades del interior.
Pero siempre se puede mejorar sin un militarismo extremo y estos cambios sociales dependen de los actores principales y de reparto, en definitiva del los funcionarios que con su accionar deben dar el ejemplo y los ciudadanos común mantener el orden democrático.
Ya esta apreció la palabra mas desprestigiada del momento por que se preguntara usted y yo le repondré por que los que añoran años de militarismo sueñan con un régimen similar pero la democracia es un sistema político activo y si no se activa y motoriza se estanca sirviéndole a sectores los cuales no le conviene un democracia pura y participativa, usted dirá como debe actuar la democracia frente a los distintos tipos de violencia con respuestas que carezcan de autoritarismo, educción igualitaria cosa que no es lo mismo que inclusion para todos , es tener el acceso al mismo nivel de educación para todos y sobre todo trabajos no precarizados esto es primordial ya que un entorno en pobreza estructural como sufrimos los argentinos genera mas violencia la mala DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS , la concentracion del poder economico en manos de los funcionarios publicos y privados es generacion desmedida de vilencia en una sociedad y esto esta pasando en 9 de Julio discrinacion del acceso a diferentes estándares de vida dignos para todos como lo exigen los organismos internacionales .
9 de Julio cuidad agricolaganadera inmersa en la pobreza de un sector mayoritario y rica un minimo sector puede seguir con esta marcada desigualdad sin que se genere vioelncia no solo fisica sino de dignidad para algunos habitantes, o solo sufre inseguridad al que le roban o golpean tambien la inseguridad alimentaria, laboral, educacional, de salud son medios de violencia.y tenemos el mejor sistema para remediar este problema la democracia bien aplicada y participativa.
No desprestigiarla sin fortalecerla y mejorarán la condiciones de inseguridad y violencia en 9 de julio pensemos quienes tienen responsabilidaes sociales solo los funcionarios o tambien otros sectores de la ciudad.
Martin Guaragna
Un pensamiento
sábado, 19 de octubre de 2013
Dos bloques
La verdadera grieta argentina
Más que entre oficialistas y opositores, el país está dividido entre los que han accedido a la sociedad del conocimiento y los que siguen atrapados en esquemas sociales y políticos de siglos anteriores
Por Fernando Iglesias |
La idea de un país partido al medio y en guerra consigo mismo forma ya parte de la percepción que la sociedad nacional tiene de sí misma. Las metáforas para expresar esta fractura han ido desde la "grieta" denunciada por Jorge Lanata hasta Argen-Tina de Stolbizer-Alfonsín, pasando por el "Hay dos bandos" que por casi una década esgrimió el ponciopilatismo vernáculo. Lejos de permitirnos ver más allá, esta módica enunciación de lo aparente configura uno de los mayores obstáculos a la comprensión de lo que sucede. En primer lugar, porque señalar que existe una grieta que separa a dos bandos es tan adecuado para describir a la Argentina de hoy como a la Chicago que se disputaban Eliot Ness y Al Capone. En segundo lugar, porque la Argentina está partida a la mitad por una grieta, pero la comprensión de esta división en términos de kirchnerismo-antikirchnerismo es sólo la espuma de la espuma. La grieta, la verdadera grieta que divide al país, es la que separa a la parte de la sociedad argentina que ha sido capaz de entrar con éxito al siglo XXI y los despojos que los fracasos del siglo XIX y XX han dejado esparcidos por el territorio nacional.
De un lado de la grieta argentina se encuentran los sectores que han conseguido insertarse en el emergente mundo global y postindustrial en el que el valor es trabajo intelectual agregado en forma de conocimientos, información, diversidad cultural, comunicación, innovación y subjetividad, y en el que la riqueza es generada por la inteligencia humana aplicada. Hablo del campo, que produce valor usando organismos genéticamente modificados, tractores guiados por computadoras y conectividad portuaria y digital; de los medios de comunicación, componente central del sistema de circulación de informaciones; de algunos campeones siderúrgicos y automotrices de alto nivel científico-tecnológico; de pequeñas joyas como los sectores de servicios informáticos, biogenética y las mal llamadas industrias culturales. Y hablo, sobre todo, de la enorme población de empleados, docentes, profesionales y gerentes cuyo trabajo consiste en la captación, procesamiento y comunicación de conocimientos e informaciones.
Significativamente, todos estos sectores están integrados al sistema global de producción de valor, son económicamente viables y sobrevivirían si se los trasplantara al mundo avanzado. Con sus enormes limitaciones y defectos, son la naciente Argentina del siglo XXI.
Basta mirar las partes del mapa electoral argentino en que estos modos de producción predominan para verificar que el Partido Populista nunca ha logrado allí la hegemonía, y que en casi todos gobiernan representantes de partidos de la oposición. En cambio, el populismo sigue siendo "exitoso" en los distritos donde subsisten los despojos de los fracasos del pasado nacional: 1) las provincias del Norte, que a fines del siglo XIX se configuraron como periferias de la economía agraria y en las que proliferan las formas monárquico-feudales de organización político-social; 2) las provincias del Sur y la Cordillera, en las que predomina el modelo extractivo de los cazadores-recolectores encarnado hoy por la producción petrolera y minera, y en las que rigen los jefes tribales, la caja y el clientelismo; 3) el conurbano de las grandes ciudades, donde el industrialismo de mano de obra intensiva perdió el rol progresista que desempeñara durante el siglo XX dejando millones de argentinos sometidos a salarios miserables, trabajo en negro y contaminación ambiental, y a la violencia asociada a la batalla por el territorio entre las patotas, los aparatos políticos y las policías bravas.
Ninguno de estos tres sectores está integrado al sistema global de producción de valor, ni es viable sin los subsidios aportados por los demás sectores, ni sobreviviría si lo trasplantaran fuera del país. La conclusión es simple: una parte de la Argentina vive hoy, pésimamente, de la otra, y fagocita toda posibilidad de desarrollo nacional. Y el Estado, que ayer fue un agente fundamental del desarrollo, ha sido colonizado y convertido en agencia mafiosa de reclutamiento, coordinación y captación de recursos para la oligarquía populista que comanda el proceso. Por eso no es casual que desde el retorno a la democracia hayamos tenido una década presidida por un representante del Norte feudalizado y otra por los del Sur petropolítico. Ni es casual que se prepare hoy la década de presidencia de los intendentes del conurbano, con consecuencias fáciles de adivinar si se observan las condiciones de vida en sus distritos, sobre los que el Partido Populista gobierna desde hace décadas.
Tiene razón el gramscismo nac&pop: se trata de la lucha por la hegemonía entre dos bloques. El gran problema de la Argentina es que el bloque atrasado ha encontrado en el Partido Populista su representación política, en tanto que la otra mitad del país no tiene aún quién la represente. No se trata pues de hubris , ni de incapacidad, ni de ceguera, sino de la lucha coherente de la parte decadente de la sociedad nacional por evitar la disolución del poder que ejerce desde mediados del siglo XX, cuando las fuerzas modernizantes de la Argentina fueron derrotadas por la alianza conflictiva entre el Partido Militar y el Populista. He aquí lo que expresan las batallas ejemplarizantes emprendidas por el kirchnerismo contra el campo, las empresas avanzadas, los medios de comunicación independientes y las clases medias urbanas, y que no son sino un intento de sepultar a la Argentina razonablemente exitosa de la cual son la punta del iceberg. He aquí la coherencia de los intentos aniquiladores nac&pop, llevados adelante por mano impositiva en tiempos de paz y por mano epopéyica ante el menor intento de rebelión de los exaccionados. De allí también que haya muy poco de qué alegrarse con el resultado de las PASO, a menos que se piense que la redistribución de la riqueza, el país en serio y la nueva política arrojados como lastre por Néstor y Cristina llegarán de la mano de sus ex jefes de Gabinete, ministros de economía y directores del Banco Central y de la Anses.
La grieta que divide al país no es una grieta, sino algo peor: es la expresión superficial de un terremoto, el choque del futuro con el pasado, el producto del desplazamiento de gigantescas placas tectónicas cuyos temblores nos sacuden y conmueven. Lo que está en juego es si la Argentina fracasada del siglo XIX y XX ha de extenderse al resto del país, ocupándolo con sus villas miseria y sus countries, con sus mafias y sus oligarquías new age , con sus patotas y sus punteros, o si -por el contrario- la Argentina del siglo XXI logrará quebrar la hegemonía populista y ampliar a todos los sectores sus altos estándares de vida y su modo de producción basado en el trabajo intelectual. Si lo logra, podrá rescatar del sistema tribal-monárquico-feudal a sus principales víctimas, que no son las elites ni las clases medias urbanas, sino los habitantes de las provincias del Norte y del Sur y de la periferia de las grandes ciudades, en las que el populismo es amo y señor.
No habrá desarrollo ni justicia social ni condiciones de vida dignas hasta que las capacidades intelectuales y creativas de los argentinos se conviertan en el núcleo de producción de la riqueza nacional, reemplazando al territorio y al bestializante trabajo repetitivo que los defensores del industrialismo manufacturero ensalzan en sus discursos, pero rechazan para ellos y sus hijos. No habrá un futuro digno para la Argentina si las fuerzas opositoras no encarnan la demanda que se expresó con tanta claridad en las marchas que acabaron con el proyecto de reelección cristinista, y que no constituye la defensa de una situación privilegiada, sino una exigencia de extensión de sus beneficios al conjunto de la sociedad. No habrá futuro para la oposición si la oposición no termina de entender a qué se opone y a quién representa; si no comprende que el ciclo nacionalista-industrialista-estatista está agotado, y es necesario reelaborar en clave global y postindustrial los valores progresistas que un día encarnó, y hoy combate. Y no habrá gobernabilidad creíble si los opositores no le hablan con voz despojada de miedo al qué dirán populista, a esa parte moderna y genuinamente progresista del país, cuyo desarrollo es indispensable para sacarnos a todos de la decadencia.
De lo contrario, más allá de eventuales estilos sonrientes y transitorios períodos de calma, la actual dinámica se agravará y la Argentina global del siglo XXI terminará de sucumbir a manos de la liga de los caciques provinciales del siglo XIX y de los intendentes del siglo XX. Ese día, si llega, el nacionalismo acabará de hundir a la nación en la honda grieta que cava desde la aparición del revisionismo histórico, y en esa misma grieta el industrialismo terminará de sepultar a la industria; el estatismo, al Estado, y el populismo, al pueblo y sus esperanzas de paz, progreso y prosperidad. No ha sucedido aún, pero si todo sigue así, sucederá.
viernes, 18 de octubre de 2013
Una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata
27/09/2013 10:00
En la semana de la lucha contra la trata de personas nos encontramos aquí haciendo un análisis desde la política pública en torno a este flagelo que tiene por víctimas principalmente a las mujeres y niñas.
Si bien en la trata están condensadas todas las violaciones a los derechos humanos, como la explotación laboral, la reducción a servidumbre, la explotación de la mendicidad, el robo de órganos, la apropiación y venta de bebés, la explotación sexual; la relevancia de esta última (87%) nos dice que la trata se perpetra mayormente con fines de sometimiento y prostitución de sus víctimas, de las cuales un 90% son mujeres y niñas.
Según cifras de la OIT, una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata. Solo en América Latina y el Caribe, se calcula que 250 mil personas son víctimas de trata, una actividad que en la región produce beneficios ilícitos por hasta 1.348 millones de dólares anuales. No hay que perder de vista que estas redes de trata generalmente coinciden con las redes que administran otros crímenes trasnacionales complejos, como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas y el lavado de activos. La ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, fue sancionada en 2008 y modificada en diciembre del año pasado por ley 26.842. Ello da cuenta de una clara voluntad del Congreso de legislar en torno a la problemática de la trata y explotación de personas. Sin embargo, la ley no es más que una herramienta que viene a dar un marco normativo. Para abordar esta problemática de manera integral es necesario implementar y articular una serie de políticas públicas cuyo éxito dependerá de la voluntad política de quienes las ejecutan. En la primera ley se visualiza la adopción de una política de Estado en materia criminal, como fue la de tipificar el delito de trata de forma autónoma. Pero la decisión de hacer hincapié en una política criminal no se materializa por diversos motivos, entre ellos: la presencia de una corrupción enquistada dentro de los poderes del Estado y la falta de decisión ante la inoperancia, desidia, cuando no de la inexistencia, de capacidades operativas para investigar, perseguir y desmantelar las redes de trata. Dicha ley perpetuaba la vulnerabilidad de la víctima sin revertir su situación. Por un lado, porque presentaba una laguna legal relacionada con el consentimiento de la víctima mayor de edad, que fue subsanada con la nueva ley: invertía la carga de la prueba debiendo acreditar que había mediado coerción, engaño, etc., por parte del perpetrador, por lo que la trata, la captación, no hubiera sido consentida por la víctima. Pero, a su vez, este proceso de revictimización a lo largo de la investigación policial y judicial se enmarca en una práctica estatal de desprotección a la víctima. La falta de promoción de políticas de asistencia, atención y protección a las víctimas a través de un abordaje integral, ha sido una de las razones que motivó las propuestas de reforma que se debatieron en la Cámara de Diputados. No es la media sanción del Senado, convertida en ley 26.842, la redacción que mejor receptaba las sugerencias y aportes de organizaciones y especialistas en torno a los programas y un plan de acción en la lucha contra la trata y para atender a las víctimas del delito de trata de personas, o al menos no del modo más operativo. Sin embargo, bastaría con implementar la nueva ley para articular acciones efectivas de protección, contención o reinserción. O al menos prever la asignación del presupuesto necesario para tales fines. Pero vamos a contextualizar el proceso de sanción de aquella norma. En diciembre del año pasado, y ante la conmovida opinión pública por el fallo de impunidad en el caso Marita Verón, el Congreso debatió en sesiones extraordinarias la modificación a la ley 26.364 que fuera aprobada en tiempo récord. La reforma estableció penas más severas y que guardan relación con las penas establecidas para otros delitos graves contra la integridad sexual y, si bien vino a corregir algunas de las falencias del texto anterior como la posibilidad de consentir la propia explotación, o la disposición de ciertos mecanismos de coordinación intergubernamental que incluyó un Consejo Federal y un Comité Ejecutivo en el ámbito del Poder Ejecutivo, la ley no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, habiendo transcurrido por demás los noventa días fijados por el Congreso de la Nación. La falta de reglamentación de la ley parece haber sido la excusa perfecta para justificar la ausencia de partidas específicas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2014 de reciente aprobación en la Cámara de Diputados. Todos sabemos que si no hay presupuesto para hacer operativa esa ley, dicha ley encuentra sus limitantes para ser ejercida, queda vacía de contenido, no sirve. Al momento de la sancionar esta modificación, nosotros advertimos, tal como lo veníamos haciendo anteriormente, que esta aprobación contenía un falso mensaje ya que lo que se evidencia en verdad, es la falta de voluntad política constante, irremplazable por medio de la sanción de una ley que sólo puede servir de marco legal y no como política pública en sí misma, la cual encuentra su correlato en la falta de presupuesto y reglamentación. Y esto nos conduce nuevamente al postulado del inicio de esta exposición: sin voluntad política no hay ley que pueda traducirse en una política de Estado. El abordaje parcial plasmado en la ley de presupuesto 2014 se pone en evidencia cuando, dentro de algunos ministerios, existen escasos programas aislados que buscan abordar, dentro de un gran combo de problemáticas, algunas cuestiones de prevención y atención a las víctimas. Estos pocos ministerios y secretarías que cuentan con estos programas, no articulan entre sí las acciones (Ministerio de Justicia, SENAF, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Migraciones). De acuerdo a los informes de la Oficina Para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas dependiente del US Department of State (informes 2012 y 2013 sobre trata de personas en la Argentina), los servicios especializados para la víctima de trata continúan siendo dispares en todo el país. Entre sus recomendaciones sugiere:
Por mencionar otras de las advertencias y recomendaciones de los informes mencionados y que venimos señalando en los últimos años:
Y creemos fuertemente que el Estado debe asumir un rol proactivo, debiendo desplegar con excelencia una tarea de inteligencia que pueda anticiparse al crimen organizado y quebrar los vasos comunicantes entre la marginalidad social, la corrupción policial y el financiamiento espurio de la política. Consideramos que erradicar los marcos y mercados operacionales de la trata de personas requiere de un firme accionar en el control por parte de las fuerzas de seguridad, de la competencia e idoneidad de estas fuerzas, de la prevención del delito y la asistencia integral a las víctimas como así también de una eficaz concertación regional e internacional entre los Estados. Un dato de la realidad es que hace 5 años de sancionada la ley de 2008 los procesos revelan laescasez de sentencias condenatorias y la imposibilidad de detectar grandes organizaciones delictivas o redes internacionales detrás de los casos investigados. En general, las investigaciones se limitan a los eslabones más débiles de la cadena, incluso mujeres que siendo aún victimas atraviesan un proceso de conversión de “víctima a victimario”. A su vez, la industria generada a partir de la trata de personas pone de manifiesto la adopción de una concepción del ser humano como mercancía y específicamente de la mujer como objeto de satisfacción sexual del hombre. La lógica del capitalismo que brega por la libre circulación de las mercancías se ha extendido hasta el punto máximo de generar mecanismos por los cuales se pone a disposición la oferta de cuerpos femeninos para consumo sexual. Paralelamente, como hemos venido sosteniendo, el mercado amplía las desigualdades generadas anteriormente por las condiciones iniciales de vida. Estamos ante una sociedad cada vez más desigual y cuando hablamos de desigualdad no nos referimos solamente a la de brecha de ingresos, sino también a la desigualdad en el acceso a la educación, la justicia, la cultura, la salud, vivienda como a la inequidad de género. Y es este aspecto el que considero de vital importancia al momento de analizar la problemática de la trata. Cualquier iniciativa que pretenda abordar el tema de la trata requiere el reconocimiento de la intersección entre la cuestión de género y situaciones de pobreza y marginalidad social. Esta intersección está presente no sólo en la trata de personas con fines de explotación sexual sino también en otros flagelos sociales como el aborto clandestino, la precariedad laboral, la violencia de género, la esterilización forzada, entre otros. Es preciso reconocer que la desigualdad de género tiene su origen y fundamento en una sociedad patriarcal y sexista que nos considera a las mujeres subordinadas a los hombres y no en pie de igualdad. Así es como se producen situaciones que van desde la violencia en el ámbito familiar hasta la violencia institucional ejercida por jueces que desconfían e ignoran los alegatos y testimonios de cientos de mujeres víctimas de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual. “El estereotipo más frecuente entre los jueces es que las sobrevivientes de trata mienten” (Colombo, Jefe de la UFASE). La discriminación ejercida por los operadores judiciales y policiales muestra los prejuicios que existen en el sistema y en la sociedad. De esta manera las víctimas deben superar diversos obstáculos para ser creíbles dentro del sistema judicial y policial y esto no les garantiza conseguir un fallo justo, es decir, el verdadero acceso a la justicia. Es la selectividad de la política criminal. Es injusticia. Es sabido que ante delitos complejos las pruebas deben contemplar el contexto. En el caso de la trata de personas, delito en el que el poder está involucrado y es cómplice, antes que ser rigurosos con pruebas no testimoniales (factibles de ser implantadas o falseadas por la policía dada su participación), es necesario contemplar de manera ponderada el valor de la palabra. Y más si estamos diciendo que el sistema judicial, cuando se pronuncia y comienza la investigación, lo hace pasados tantísimos años. No se trata de un vacío legal, se trata de no respetar ni valorar los testimonios de las víctimas a fin de dejar impune a las redes y las corporaciones que las sostienen: se está perpetuando el delito. A su vez este Estado ausente deja en una situación de abandono a las víctimas quedando expuestas a ser captadas nuevamente por las redes delictivas. Es necesario terminar con la violencia institucional impartida por el sistema judicial y policial. Para ello se requiere que, además de que estos órganos estén capacitados en temas de génerose produzca un cambio en el procedimiento: ya insistí con anterioridad en esta cuestión y me parece importante traerla a colación, ya que la considero una herramienta para combatir este tipo de violencia institucional. Se trata de una iniciativa de mi autoría (expte. 1329-D-12; existe otro afín de la Diputada Marcela Rodríguez) que tiende a proteger a la víctima de los delitos contra la integridad sexual, preservar su intimidad y evitar que el propio sistema judicial la revictimice, por lo que en la redacción propongo, entre otros, dos cuestiones cruciales 1) que el testimonio de la víctima no deba ser corroborado y 2) que no sea admisible medidas probatorias sobre la conducta sexual de la víctima anterior ni ulterior al hecho que se investiga. Esto apunta a evitar la estigmatización y las presiones y amenazas futuras de los proxenetas sobre las víctimas y sus familias. El informe anual de la UFASE revela que la mayoría de las causas llegan a la justicia alcanzada la etapa de acogimiento y consumada la explotación y éstas no aseguran el cese del funcionamiento del lugar de explotación); por un Estado que no pone a disposición de las víctimas asistencia integral sino que ésta fue y es provista por la Fundación de Susana Trimarco (que además investigó el caso por su cuenta y liberó a 115 víctimas); por un Estado que no ofrece protección ni contención a las víctimas, en síntesis por un Estado que reproduce desigualdades y ejerce violencia institucional. Frente a este estado de situación, consideramos que es necesario la erradicación de las causas y condiciones que facilitan los hechos de violencia contra las mujeres, como lo es la trata de personas, e impulsando la actuación de una justicia independiente y eficaz, integrada por magistrados probos, sensibles a la problemáticas humanas, comprometidos con el esclarecimiento de los ilícitos y libres de presiones de cualquier clase de corporación. Entre las acciones que consideramos prioritarias se destaca el impulso por un cambio cultural profundo que permita la modificación de las conductas sexistas, eliminando prejuicios, estigmas y mandatos que son los que en la actualidad sostienen y reproducen el machismo, y por lo tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres. Mientras no se problematice la cuestión de género en todas su aristas no será posible elaborar una política integral que permita poner a la mujer en un pie de igualdad y se la valorice en el imaginario social y colectivo. Por otra parte, es prioritaria la elaboración de estadísticas serias que permitan un conocimiento preciso sobre el estado de situación actual sobre la trata a nivel federal y posibilite la elaboración de políticas públicas que aborden integralmente la problemática. Se necesita a su vez la difusión de una campaña nacional que tenga como objetivo concientizar en el hecho de que “sin clientes no hay trata” para evitar que potenciales víctimas sean sometidas al secuestro, el rapto, el engaño, o el abuso, propios del accionar de las redes. Esta campaña permitiría involucrar a la comunidad en la lucha contra la trata y no sólo a los poderes del Estado. Es muy importante tener en cuenta esto: porque si nadie quisiera satisfacer su deseos de paternidad o maternidad “comprando” un bebé (y no a través de los mecanismos legales de la adopción), si nadie comprara productos de fábricas o talleres en donde sabemos que sus trabajadores están sometidos a condiciones infrahumanas de explotación, o bien recurren a la mano de obra infantil; y si nadie considerara a la mujer como mero objeto de satisfacción, este delito no existiría. Desarrollar una seria política de Estado exige articular los esfuerzos de los gobiernos locales y el Estado nacional con otros Estados (en especial los países limítrofes y los de América Latina) para la prevención, persecución e investigación del delito y, como hemos dicho, para una atención adecuada a las víctimas. Margarita Stolbizer Panel de Políticas Públicas |
Se presentó ante el HCD un interesante proyecto de reivindicación de pueblos originarios
Entre diversos puntos, propone reemplazar nombres de espacios públicos que llevan la denominación de quienes llevaron adelante su exterminio.
El Centro Cultural "Juana Azurduy" viene desarrollando una importante actividad, marco en el que recientemente se ha presentado un interesante proyecto ante el H. Concejo Deliberante.
Tres de sus integrantes, Sergio Ramos, Marcelo Monforte y Darío Lanieri, comentaron detalles del mismo a nuestro medio, indicando que el mismo, en líneas generales, se enmarca en una tarea que se viene haciendo a nivel provincial en busca de reivindicar a los pueblos originarios y repensar la historia local.
"Nuestra idea es la de repensar la historia oficial, que enalteció próceres, llamó desierto a un territorio que no fue tal; y que habló de fundación de pueblos y de descubrimientos de tierras, cuando en realidad existían pobladores originarios", señaló Sergio Ramos.
Nuestro interlocutor explicó que este proyecto fue presentado la semana anterior al H. Concejo Deliberante, considerando que, entre otras cuestiones, "la ciudad de 9 de Julio no debería tener en sus calles principales los nombres de los generales Vedia y Mitre, que fueron para la historia oficial dos grandes próceres; mientras que para los pueblos olvidados fueron los genocidas que por un lado se quedaron con sus tierras y delinearon el régimen de tierras en nuestro distrito y en la provincia".
"Nuestra intención es entonces trazar una mirada revisionista para plantear quiénes somos, qué somos como nuevejulienses y dónde está la historia de los pueblos olvidados", agregó.
Por su parte, Marcelo Monforte indicó que la intención es que los distintos Bloques del Concejo Deliberante tomen el proyecto y hagan sus evaluaciones y eventuales aportes.
"Queremos debatir esto ampliamente, reflexionando si efectivamente estos próceres merecen tener su nombre grabado en los espacios públicos de nuestra comunidad, ya que muchos de ellos fueron partícipes de un proyecto donde se decía que el contexto justificaba la violencia, poniendo el progreso por delante de quienes habitaban estas tierras, cuando la realidad es que el motor de todo ese proceso fue netamente económico", argumentó, considerando que sería oportuno "cambiar estos nombres por los de vecinos o aborígenes que forjaron la historia del pueblo en forma pacífica y tolerante".
"No nos vamos a quedar solamente en la presentación de este proyecto, que ha sido evaluado también por otras organizaciones sociales, como decía Sergio, en un contexto de análisis provincial y nacional que tiene rigor científico y que ha sido avalado por el "Colectivo Chau Roca", organización acompañada por Osvaldo Bayer, uno de los primeros historiadores que planteó este tema y por la Comisión de Aborígenes de Trenque Lauquen, junto a quienes estamos preparando una actividad para el mes de noviembre", comentó posteriormente Darío Lanieri.
Por otra parte, reconoció que este tipo de prácticas de avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios, "se sigue repitiendo en la actualidad como sucede con lo Qom en Formosa o los Mapuches en Neuquén, luego del acuerdo Chevrón - YPF; lo que de alguna manera demuestra que esto no ha terminado".
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