PENSAMIENTOS DE MM.GUARAGNA: Una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata

27/09/2013 10:00

En la semana de la lucha contra la trata de personas nos encontramos aquí haciendo un análisis desde la política pública en torno a este flagelo que tiene por víctimas principalmente a las mujeres y niñas.

Si bien en la trata están condensadas todas las violaciones a los derechos humanos, como la explotación laboral, la reducción a servidumbre, la explotación de la mendicidad, el robo de órganos, la apropiación y venta de bebés, la explotación sexual; la relevancia de esta última (87%) nos dice que la trata se perpetra mayormente con fines de sometimiento y prostitución de sus víctimas, de las cuales un 90% son mujeres y niñas.
Según cifras de la OIT, una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata. Solo en América Latina y el Caribe, se calcula que 250 mil personas son víctimas de trata, una actividad que en la región produce beneficios ilícitos por hasta 1.348 millones de dólares anuales.
No hay que perder de vista que estas redes de trata generalmente coinciden con las redes que administran otros crímenes trasnacionales complejos, como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas y el lavado de activos.
La ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, fue sancionada en 2008 y modificada en diciembre del año pasado por ley 26.842. Ello da cuenta de una clara voluntad del Congreso de legislar en torno a la problemática de la trata y explotación de personas.
Sin embargo, la ley no es más que una herramienta que viene a dar un marco normativo. Para abordar esta problemática de manera integral es necesario implementar y articular una serie de políticas públicas cuyo éxito dependerá de la voluntad política de quienes las ejecutan.
En la primera ley se visualiza la adopción de una política de Estado en materia criminal, como fue la de tipificar el delito de trata de forma autónoma. Pero la decisión de hacer hincapié en una política criminal no se materializa por diversos motivos, entre ellos: la presencia de una corrupción enquistada dentro de los poderes del Estado y la falta de decisión ante la inoperancia, desidia, cuando no de la inexistencia, de capacidades operativas para investigar, perseguir y desmantelar las redes de trata.
Dicha ley perpetuaba la vulnerabilidad de la víctima sin revertir su situación. Por un lado, porque presentaba una laguna legal relacionada con el consentimiento de la víctima mayor de edad, que fue subsanada con la nueva ley: invertía la carga de la prueba debiendo acreditar que había mediado coerción, engaño, etc., por parte del perpetrador, por lo que la trata, la captación, no hubiera sido consentida por la víctima.
Pero, a su vez, este proceso de revictimización a lo largo de la investigación policial y judicial se enmarca en una práctica estatal de desprotección a la víctima.
La falta de promoción de políticas de asistencia, atención y protección a las víctimas a través de un abordaje integral, ha sido una de las razones que motivó las propuestas de reforma que se debatieron en la Cámara de Diputados.
No es la media sanción del Senado, convertida en ley 26.842, la redacción que mejor receptaba las sugerencias y aportes de organizaciones y especialistas en torno a los programas y un plan de acción en la lucha contra la trata y para atender a las víctimas del delito de trata de personas, o al menos no del modo más operativo. Sin embargo, bastaría con implementar la nueva ley para articular acciones efectivas de protección, contención o reinserción. O al menos prever la asignación del presupuesto necesario para tales fines.
Pero vamos a contextualizar el proceso de sanción de aquella norma. En diciembre del año pasado, y ante la conmovida opinión pública por el fallo de impunidad en el caso Marita Verón, el Congreso debatió en sesiones extraordinarias la modificación a la ley 26.364 que fuera aprobada en tiempo récord.
La reforma estableció penas más severas y que guardan relación con las penas establecidas para otros delitos graves contra la integridad sexual y, si bien vino a corregir algunas de las falencias del texto anterior como la posibilidad de consentir la propia explotación, o la disposición de ciertos mecanismos de coordinación intergubernamental que incluyó un Consejo Federal y un Comité Ejecutivo en el ámbito del Poder Ejecutivo, la ley no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, habiendo transcurrido por demás los noventa días fijados por el Congreso de la Nación.
La falta de reglamentación de la ley parece haber sido la excusa perfecta para justificar la ausencia de partidas específicas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2014 de reciente aprobación en la Cámara de Diputados.
Todos sabemos que si no hay presupuesto para hacer operativa esa ley, dicha ley encuentra sus limitantes para ser ejercida, queda vacía de contenido, no sirve.
Al momento de la sancionar esta modificación, nosotros advertimos, tal como lo veníamos haciendo anteriormente, que esta aprobación contenía un falso mensaje ya que lo que se evidencia en verdad, es la falta de voluntad política constante, irremplazable por medio de la sanción de una ley que sólo puede servir de marco legal y no como política pública en sí misma, la cual encuentra su correlato en la falta de presupuesto y reglamentación.
Y esto nos conduce nuevamente al postulado del inicio de esta exposición: sin voluntad política no hay ley que pueda traducirse en una política de Estado.
El abordaje parcial plasmado en la ley de presupuesto 2014 se pone en evidencia cuando, dentro de algunos ministerios, existen escasos programas aislados que buscan abordar, dentro de un gran combo de problemáticas, algunas cuestiones de prevención y atención a las víctimas. Estos pocos ministerios y secretarías que cuentan con estos programas, no articulan entre sí las acciones (Ministerio de Justicia, SENAF, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Migraciones).
De acuerdo a los informes de la Oficina Para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas dependiente del US Department of State (informes 2012 y 2013 sobre trata de personas en la Argentina), los servicios especializados para la víctima de trata continúan siendo dispares en todo el país. Entre sus recomendaciones sugiere:

Destinar más recursos para la asistencia a las víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel nacional y provincial, y en colaboración con las organizaciones no gubernamentales.
Continuar fortaleciendo la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente, mediante el desarrollo de un plan nacional contra la trata de personas y continuar los esfuerzos a nivel nacional para concientizar sobre todas las formas de trata.

No existe como en otros países un programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas que contemple un accionar interministerial e intersecretarial con dicha finalidad ni un plan nacional de acción. Lo único son convenios de capacitación, no de articulación de políticas, no hay un plan conjunto. Pero decimos que no existe, no porque no tenga jerarquía legal, sí la tiene con la sanción de la última ley, sino porque no ha sido voluntad del Poder Ejecutivo poner en práctica los instrumentos y las asignaciones presupuestarias para desarrollar el Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, debiendo proceder a la constitución del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y del Comité Ejecutivo, que deberán funcionar en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por mencionar otras de las advertencias y recomendaciones de los informes mencionados y que venimos señalando en los últimos años:

La superposición de competencias y la falta de coordinación entre las autoridades federales y provinciales generan demoras en algunas investigaciones. Y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta connivencia de algunos funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impiden avances más sustantivos en la lucha contra la trata.
Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, procesamiento y condenas a los tratantes, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito.
Intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los activos relacionados con este delito.

Sosteníamos a fines del año pasado que este hecho político –el llamado a extraordinarias – presuponía que las leyes por sí solas podrían resolver cuestiones como la trata de personas que requieren no sólo de buenos marcos legales sino de una acción estatal integral que apunte a desmantelar las redes de este crimen organizado que vinculan al poder, las fuerzas de seguridad y la justicia.
Y creemos fuertemente que el Estado debe asumir un rol proactivo, debiendo desplegar con excelencia una tarea de inteligencia que pueda anticiparse al crimen organizado y quebrar los vasos comunicantes entre la marginalidad social, la corrupción policial y el financiamiento espurio de la política. Consideramos que erradicar los marcos y mercados operacionales de la trata de personas requiere de un firme accionar en el control por parte de las fuerzas de seguridad, de la competencia e idoneidad de estas fuerzas, de la prevención del delito y la asistencia integral a las víctimas como así también de una eficaz concertación regional e internacional entre los Estados.
Un dato de la realidad es que hace 5 años de sancionada la ley de 2008 los procesos revelan laescasez de sentencias condenatorias y la imposibilidad de detectar grandes organizaciones delictivas o redes internacionales detrás de los casos investigados. En general, las investigaciones se limitan a los eslabones más débiles de la cadena, incluso mujeres que siendo aún victimas atraviesan un proceso de conversión de “víctima a victimario”.
A su vez, la industria generada a partir de la trata de personas pone de manifiesto la adopción de una concepción del ser humano como mercancía y específicamente de la mujer como objeto de satisfacción sexual del hombre. La lógica del capitalismo que brega por la libre circulación de las mercancías se ha extendido hasta el punto máximo de generar mecanismos por los cuales se pone a disposición la oferta de cuerpos femeninos para consumo sexual. Paralelamente, como hemos venido sosteniendo, el mercado amplía las desigualdades generadas anteriormente por las condiciones iniciales de vida. Estamos ante una sociedad cada vez más desigual y cuando hablamos de desigualdad no nos referimos solamente a la de brecha de ingresos, sino también a la desigualdad en el acceso a la educación, la justicia, la cultura, la salud, vivienda como a la inequidad de género.
Y es este aspecto el que considero de vital importancia al momento de analizar la problemática de la trata. Cualquier iniciativa que pretenda abordar el tema de la trata requiere el reconocimiento de la intersección entre la cuestión de género y situaciones de pobreza y marginalidad social. Esta intersección está presente no sólo en la trata de personas con fines de explotación sexual sino también en otros flagelos sociales como el aborto clandestino, la precariedad laboral, la violencia de género, la esterilización forzada, entre otros. Es preciso reconocer que la desigualdad de género tiene su origen y fundamento en una sociedad patriarcal y sexista que nos considera a las mujeres subordinadas a los hombres y no en pie de igualdad.
Así es como se producen situaciones que van desde la violencia en el ámbito familiar hasta la violencia institucional ejercida por jueces que desconfían e ignoran los alegatos y testimonios de cientos de mujeres víctimas de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual. “El estereotipo más frecuente entre los jueces es que las sobrevivientes de trata mienten” (Colombo, Jefe de la UFASE). La discriminación ejercida por los operadores judiciales y policiales muestra los prejuicios que existen en el sistema y en la sociedad. De esta manera las víctimas deben superar diversos obstáculos para ser creíbles dentro del sistema judicial y policial y esto no les garantiza conseguir un fallo justo, es decir, el verdadero acceso a la justicia. Es la selectividad de la política criminal. Es injusticia.
Es sabido que ante delitos complejos las pruebas deben contemplar el contexto. En el caso de la trata de personas, delito en el que el poder está involucrado y es cómplice, antes que ser rigurosos con pruebas no testimoniales (factibles de ser implantadas o falseadas por la policía dada su participación), es necesario contemplar de manera ponderada el valor de la palabra. Y más si estamos diciendo que el sistema judicial, cuando se pronuncia y comienza la investigación, lo hace pasados tantísimos años. No se trata de un vacío legal, se trata de no respetar ni valorar los testimonios de las víctimas a fin de dejar impune a las redes y las corporaciones que las sostienen: se está perpetuando el delito. A su vez este Estado ausente deja en una situación de abandono a las víctimas quedando expuestas a ser captadas nuevamente por las redes delictivas.
Es necesario terminar con la violencia institucional impartida por el sistema judicial y policial. Para ello se requiere que, además de que estos órganos estén capacitados en temas de génerose produzca un cambio en el procedimiento: ya insistí con anterioridad en esta cuestión y me parece importante traerla a colación, ya que la considero una herramienta para combatir este tipo de violencia institucional.
Se trata de una iniciativa de mi autoría (expte. 1329-D-12; existe otro afín de la Diputada Marcela Rodríguez) que tiende a proteger a la víctima de los delitos contra la integridad sexual, preservar su intimidad y evitar que el propio sistema judicial la revictimice, por lo que en la redacción propongo, entre otros, dos cuestiones cruciales 1) que el testimonio de la víctima no deba ser corroborado y 2) que no sea admisible medidas probatorias sobre la conducta sexual de la víctima anterior ni ulterior al hecho que se investiga. Esto apunta a evitar la estigmatización y las presiones y amenazas futuras de los proxenetas sobre las víctimas y sus familias.
El informe anual de la UFASE revela que la mayoría de las causas llegan a la justicia alcanzada la etapa de acogimiento y consumada la explotación y éstas no aseguran el cese del funcionamiento del lugar de explotación); por un Estado que no pone a disposición de las víctimas asistencia integral sino que ésta fue y es provista por la Fundación de Susana Trimarco (que además investigó el caso por su cuenta y liberó a 115 víctimas); por un Estado que no ofrece protección ni contención a las víctimas, en síntesis por un Estado que reproduce desigualdades y ejerce violencia institucional.

Frente a este estado de situación, consideramos que es necesario la erradicación de las causas y condiciones que facilitan los hechos de violencia contra las mujeres, como lo es la trata de personas, e impulsando la actuación de una justicia independiente y eficaz, integrada por magistrados probos, sensibles a la problemáticas humanas, comprometidos con el esclarecimiento de los ilícitos y libres de presiones de cualquier clase de corporación. Entre las acciones que consideramos prioritarias se destaca el impulso por un cambio cultural profundo que permita la modificación de las conductas sexistas, eliminando prejuicios, estigmas y mandatos que son los que en la actualidad sostienen y reproducen el machismo, y por lo tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres. Mientras no se problematice la cuestión de género en todas su aristas no será posible elaborar una política integral que permita poner a la mujer en un pie de igualdad y se la valorice en el imaginario social y colectivo.
Por otra parte, es prioritaria la elaboración de estadísticas serias que permitan un conocimiento preciso sobre el estado de situación actual sobre la trata a nivel federal y posibilite la elaboración de políticas públicas que aborden integralmente la problemática. Se necesita a su vez la difusión de una campaña nacional que tenga como objetivo concientizar en el hecho de que “sin clientes no hay trata” para evitar que potenciales víctimas sean sometidas al secuestro, el rapto, el engaño, o el abuso, propios del accionar de las redes. Esta campaña permitiría involucrar a la comunidad en la lucha contra la trata y no sólo a los poderes del Estado. Es muy importante tener en cuenta esto: porque si nadie quisiera satisfacer su deseos de paternidad o maternidad “comprando” un bebé (y no a través de los mecanismos legales de la adopción), si nadie comprara productos de fábricas o talleres en donde sabemos que sus trabajadores están sometidos a condiciones infrahumanas de explotación, o bien recurren a la mano de obra infantil; y si nadie considerara a la mujer como mero objeto de satisfacción, este delito no existiría. Desarrollar una seria política de Estado exige articular los esfuerzos de los gobiernos locales y el Estado nacional con otros Estados (en especial los países limítrofes y los de América Latina) para la prevención, persecución e investigación del delito y, como hemos dicho, para una atención adecuada a las víctimas.