EL AVANCE DEL PENSAMIENTO NEOLIBERAL

No asusta, pero sorprende la proliferación de las ideas liberales en las cabezas de loscurrantes. Algo falla, o tras mucho estudio resulta que yo no lo he entendido bien, o son esos currantes exaltados los que necesitan estudiar más, por lo que me dispongo a hacer una pequeña guía de las bases del liberalismo económico para todo aquel que lo necesite, especialmente para aquellas personas que autoconvencidas de su volumen, en algunos casos ficticio, de patriotismo, cojones y dinero, han caído en una ideología fácil para su actitud, pero que exentos de pensamiento crítico no han valorado si es la correcta o no.

Esta ideología comienza a forjarse en el  siglo XVII, pero es a principios del XIX cuando por diversos cambios políticos, sociales y económicos cuando acaba consolidándose . Prolifera en una sociedad occidental exenta de experiencias anteriores, por lo que será la primera ideología económica de tal magnitud y de la cual se desarrollaran las siguientes.

El liberalismo lleva por bandera la defensa de la propiedad privada, nadie más que yo puede tocar mi propiedad y lo que me he ganado, y hay una libre competencia entre individuos para que hagan lo que quieran con su capital, si tienes dinero bien, y si no lo tienes caes a la clase obrera donde no hay sanidad, justicia o educación porque no hayredistribución, ya que poner impuestos sobre el dinero de alguien es considerado una locura.
No obstante el liberalismo también piensa en el obrero, será libre de elegir el trabajo que mas le cuadre… ¡Que lujo!
Por Supuesto el estado existe solamente para garantizar una ley hecha de antemano e inmutable que garantice que las personas no se maten unas a otras, y poco mas…

Años mas tarde, cuando la enfermedad, la miseria, pobreza, analfabetismo y descontento general eran la base de la sociedad, mientras unos pocos acumulaban riqueza, se decidió revisar el “liberalismo clásico”.

Surge el “liberalismo social“, que cede mas influencia al estado y a los trabajadores para una mejora urgente del entorno social, se necesita asegurar un mínimo de condiciones humanas al trabajador, y esto comienza a resquebrajar los ideales del “liberalismo clásico” (hasta la actualidad), por lo que a su reacción surge un movimiento de “liberalismo conservador” de personajes que podríamos asemejar al “Sr. Burns” de Los Simpson, que desinteresados por el bienestar social, e incluso del avance de su nación desligándose del nacionalismo que se les suele atribuir, prefieren seguir acumulando riqueza a toda costa y caiga quien caiga.
En este punto de la historia todo interesado en el liberalismo debería reflexionar cuál sería su situación en esa sociedad (situación real, no situación deseada) si las cosas hubieran seguido igual.

Actualmente vivimos en la era del capitalismo moderado y la globalización, pero los auspiciadores del antiguo liberalismo, los que promueven el “liberalismo conservador”, siguen existiendo, sin escrúpulos y con ganas de aprovecharse del mundo lo más que puedan con tal de enriquecerse. Estas son algunas de sus ideas:

-Los políticos malacostumbran a los trabajadores ampliando sus derechos. Los trabajadores aceptan lo que se les impone en el momento que trabajan para alguien.
-Critican la regulación del estado, el estado no debería intervenir en sus actividades puesto que ellos se han ganado lo que tienen.
- Lo ideal sería que el estado fuera dividido en pequeñas piezas y devolver todas sus tareas y funciones al mercado, privatizando todo y creando una sociedad sin estado.
-Libre competencia entre los individuos según sus recursos. Nadie va a asegurar a los individuos unas condiciones mínimas de educación, justicia y sanidad para competir en el mercado, se las tendrá que ganar él solo, esa es su libertad.
-Completa dominación civil  para configurar un sistema social similar a “una planta bien llevada”
-Comprensión y sumisión hacia las élites.
-Fomento de la pasividad y de la exclusión política de los ciudadanos ya que no sonpolíticamente competentes.
Y así un largo etcétera.

Podemos ver como algunos teóricos como D.Truman, R.Dahl o  mas actualmente el difuntoS.P. Huntington entre otros, escribieron libremente sobre estos temas, siempre con una actitud muy peyorativa hacia el pueblo, muchedumbre, prole o masa, tal como podemos oí­r hoy en día en ciertos cí­rculos donde todavía se añora y se invierte en el fomento de estos valores y que incluso algunas veces consiguen contagiar a los que serían sus víctimas gracias a la persuasión de los medios que promueven con su capital.

Si todavía no ha sido comprendido el porqué de la intervención del estado hay que entender que, por ejemplo, la riqueza de una fábrica no la hace su dueño, también la fabrican lostrabajadores y los medios técnicos que proporciona la sociedad. La riqueza que se produce está socialmente condicionada, y es el estado el encargado de mejorar dichas condiciones. El dueño de la fábrica está en su derecho de hacer riqueza, pero dicha riqueza esta ligada a los derechos de los que trabajan y a los derechos de los logros técnicos que le ha proporcionado la sociedad en la que está haciendo riqueza. Sin regulación del estado los medios por los que su riqueza existe no serían posibles, al igual que todos aquellos derechos sociales que se disfrutan hoy en día.

Hoy en día hay que tener cuidado, ya que cuando se tambalean los pilares de la economía es mas fácil agarrarse a aquello que nos siga transmitiendo seguridad y protección, pero muchas veces un mensaje por hipnótico y fuerte que sea puede hacer que estemos apoyando el  volver a un punto que todavía nos conviene menos sin que lo sepamos.Piénselo, piénsese.

Violencia.

Solo la sociedad de 9 de julio sabrá alguna vez que nos llevo a ser una ciudad violenta y dejar de ser la cuidad apacible donde "no pasaba nada", muchos quieren retrotraerse a época de orden militar donde se reprimía con una policía bonaerense que ejercía el poder militar en la ciudades del interior.

Pero siempre se puede mejorar sin un militarismo extremo y estos cambios sociales dependen de los actores principales y de reparto, en definitiva del los funcionarios que con su accionar deben dar el ejemplo y los ciudadanos común mantener el orden democrático.

Ya esta apreció la palabra mas desprestigiada del momento por que se preguntara usted y yo le repondré por que los que añoran años de militarismo sueñan con un régimen similar pero la democracia es un sistema político activo y si no se activa y motoriza se estanca sirviéndole a sectores los cuales no le conviene un democracia pura y participativa, usted dirá como debe actuar la democracia frente a los distintos tipos de violencia con respuestas que carezcan de autoritarismo, educción igualitaria cosa que no es lo mismo que inclusion para todos , es tener el acceso al mismo nivel de educación para todos y sobre todo trabajos no precarizados esto es primordial ya que un entorno en pobreza estructural como sufrimos los argentinos  genera mas violencia la mala DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS , la concentracion del poder economico en manos de los funcionarios publicos y privados es generacion desmedida de vilencia  en una sociedad y esto esta pasando en 9 de Julio discrinacion del acceso a diferentes estándares de vida dignos para todos como lo exigen los organismos internacionales .

9 de Julio cuidad agricolaganadera inmersa en la pobreza de un sector mayoritario y rica un minimo sector puede seguir con esta marcada desigualdad sin que se genere vioelncia no solo fisica sino de dignidad para algunos habitantes, o solo sufre inseguridad al que le roban o golpean tambien la inseguridad alimentaria, laboral, educacional, de salud son medios de violencia.y tenemos el mejor sistema para remediar este problema la democracia bien aplicada y participativa.

No desprestigiarla sin fortalecerla y mejorarán la condiciones de inseguridad y violencia en 9 de julio pensemos quienes tienen responsabilidaes sociales solo los funcionarios o tambien otros sectores de la ciudad.

Martin Guaragna 

Un pensamiento

Dos bloques

La verdadera grieta argentina

Más que entre oficialistas y opositores, el país está dividido entre los que han accedido a la sociedad del conocimiento y los que siguen atrapados en esquemas sociales y políticos de siglos anteriores

Por Fernando Iglesias  | 

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La idea de un país partido al medio y en guerra consigo mismo forma ya parte de la percepción que la sociedad nacional tiene de sí misma. Las metáforas para expresar esta fractura han ido desde la "grieta" denunciada por Jorge Lanata hasta Argen-Tina de Stolbizer-Alfonsín, pasando por el "Hay dos bandos" que por casi una década esgrimió el ponciopilatismo vernáculo. Lejos de permitirnos ver más allá, esta módica enunciación de lo aparente configura uno de los mayores obstáculos a la comprensión de lo que sucede. En primer lugar, porque señalar que existe una grieta que separa a dos bandos es tan adecuado para describir a la Argentina de hoy como a la Chicago que se disputaban Eliot Ness y Al Capone. En segundo lugar, porque la Argentina está partida a la mitad por una grieta, pero la comprensión de esta división en términos de kirchnerismo-antikirchnerismo es sólo la espuma de la espuma. La grieta, la verdadera grieta que divide al país, es la que separa a la parte de la sociedad argentina que ha sido capaz de entrar con éxito al siglo XXI y los despojos que los fracasos del siglo XIX y XX han dejado esparcidos por el territorio nacional.

De un lado de la grieta argentina se encuentran los sectores que han conseguido insertarse en el emergente mundo global y postindustrial en el que el valor es trabajo intelectual agregado en forma de conocimientos, información, diversidad cultural, comunicación, innovación y subjetividad, y en el que la riqueza es generada por la inteligencia humana aplicada. Hablo del campo, que produce valor usando organismos genéticamente modificados, tractores guiados por computadoras y conectividad portuaria y digital; de los medios de comunicación, componente central del sistema de circulación de informaciones; de algunos campeones siderúrgicos y automotrices de alto nivel científico-tecnológico; de pequeñas joyas como los sectores de servicios informáticos, biogenética y las mal llamadas industrias culturales. Y hablo, sobre todo, de la enorme población de empleados, docentes, profesionales y gerentes cuyo trabajo consiste en la captación, procesamiento y comunicación de conocimientos e informaciones.

Significativamente, todos estos sectores están integrados al sistema global de producción de valor, son económicamente viables y sobrevivirían si se los trasplantara al mundo avanzado. Con sus enormes limitaciones y defectos, son la naciente Argentina del siglo XXI.

Basta mirar las partes del mapa electoral argentino en que estos modos de producción predominan para verificar que el Partido Populista nunca ha logrado allí la hegemonía, y que en casi todos gobiernan representantes de partidos de la oposición. En cambio, el populismo sigue siendo "exitoso" en los distritos donde subsisten los despojos de los fracasos del pasado nacional: 1) las provincias del Norte, que a fines del siglo XIX se configuraron como periferias de la economía agraria y en las que proliferan las formas monárquico-feudales de organización político-social; 2) las provincias del Sur y la Cordillera, en las que predomina el modelo extractivo de los cazadores-recolectores encarnado hoy por la producción petrolera y minera, y en las que rigen los jefes tribales, la caja y el clientelismo; 3) el conurbano de las grandes ciudades, donde el industrialismo de mano de obra intensiva perdió el rol progresista que desempeñara durante el siglo XX dejando millones de argentinos sometidos a salarios miserables, trabajo en negro y contaminación ambiental, y a la violencia asociada a la batalla por el territorio entre las patotas, los aparatos políticos y las policías bravas.

Ninguno de estos tres sectores está integrado al sistema global de producción de valor, ni es viable sin los subsidios aportados por los demás sectores, ni sobreviviría si lo trasplantaran fuera del país. La conclusión es simple: una parte de la Argentina vive hoy, pésimamente, de la otra, y fagocita toda posibilidad de desarrollo nacional. Y el Estado, que ayer fue un agente fundamental del desarrollo, ha sido colonizado y convertido en agencia mafiosa de reclutamiento, coordinación y captación de recursos para la oligarquía populista que comanda el proceso. Por eso no es casual que desde el retorno a la democracia hayamos tenido una década presidida por un representante del Norte feudalizado y otra por los del Sur petropolítico. Ni es casual que se prepare hoy la década de presidencia de los intendentes del conurbano, con consecuencias fáciles de adivinar si se observan las condiciones de vida en sus distritos, sobre los que el Partido Populista gobierna desde hace décadas.

Tiene razón el gramscismo nac&pop: se trata de la lucha por la hegemonía entre dos bloques. El gran problema de la Argentina es que el bloque atrasado ha encontrado en el Partido Populista su representación política, en tanto que la otra mitad del país no tiene aún quién la represente. No se trata pues de hubris , ni de incapacidad, ni de ceguera, sino de la lucha coherente de la parte decadente de la sociedad nacional por evitar la disolución del poder que ejerce desde mediados del siglo XX, cuando las fuerzas modernizantes de la Argentina fueron derrotadas por la alianza conflictiva entre el Partido Militar y el Populista. He aquí lo que expresan las batallas ejemplarizantes emprendidas por el kirchnerismo contra el campo, las empresas avanzadas, los medios de comunicación independientes y las clases medias urbanas, y que no son sino un intento de sepultar a la Argentina razonablemente exitosa de la cual son la punta del iceberg. He aquí la coherencia de los intentos aniquiladores nac&pop, llevados adelante por mano impositiva en tiempos de paz y por mano epopéyica ante el menor intento de rebelión de los exaccionados. De allí también que haya muy poco de qué alegrarse con el resultado de las PASO, a menos que se piense que la redistribución de la riqueza, el país en serio y la nueva política arrojados como lastre por Néstor y Cristina llegarán de la mano de sus ex jefes de Gabinete, ministros de economía y directores del Banco Central y de la Anses.

La grieta que divide al país no es una grieta, sino algo peor: es la expresión superficial de un terremoto, el choque del futuro con el pasado, el producto del desplazamiento de gigantescas placas tectónicas cuyos temblores nos sacuden y conmueven. Lo que está en juego es si la Argentina fracasada del siglo XIX y XX ha de extenderse al resto del país, ocupándolo con sus villas miseria y sus countries, con sus mafias y sus oligarquías new age , con sus patotas y sus punteros, o si -por el contrario- la Argentina del siglo XXI logrará quebrar la hegemonía populista y ampliar a todos los sectores sus altos estándares de vida y su modo de producción basado en el trabajo intelectual. Si lo logra, podrá rescatar del sistema tribal-monárquico-feudal a sus principales víctimas, que no son las elites ni las clases medias urbanas, sino los habitantes de las provincias del Norte y del Sur y de la periferia de las grandes ciudades, en las que el populismo es amo y señor.

No habrá desarrollo ni justicia social ni condiciones de vida dignas hasta que las capacidades intelectuales y creativas de los argentinos se conviertan en el núcleo de producción de la riqueza nacional, reemplazando al territorio y al bestializante trabajo repetitivo que los defensores del industrialismo manufacturero ensalzan en sus discursos, pero rechazan para ellos y sus hijos. No habrá un futuro digno para la Argentina si las fuerzas opositoras no encarnan la demanda que se expresó con tanta claridad en las marchas que acabaron con el proyecto de reelección cristinista, y que no constituye la defensa de una situación privilegiada, sino una exigencia de extensión de sus beneficios al conjunto de la sociedad. No habrá futuro para la oposición si la oposición no termina de entender a qué se opone y a quién representa; si no comprende que el ciclo nacionalista-industrialista-estatista está agotado, y es necesario reelaborar en clave global y postindustrial los valores progresistas que un día encarnó, y hoy combate. Y no habrá gobernabilidad creíble si los opositores no le hablan con voz despojada de miedo al qué dirán populista, a esa parte moderna y genuinamente progresista del país, cuyo desarrollo es indispensable para sacarnos a todos de la decadencia.

De lo contrario, más allá de eventuales estilos sonrientes y transitorios períodos de calma, la actual dinámica se agravará y la Argentina global del siglo XXI terminará de sucumbir a manos de la liga de los caciques provinciales del siglo XIX y de los intendentes del siglo XX. Ese día, si llega, el nacionalismo acabará de hundir a la nación en la honda grieta que cava desde la aparición del revisionismo histórico, y en esa misma grieta el industrialismo terminará de sepultar a la industria; el estatismo, al Estado, y el populismo, al pueblo y sus esperanzas de paz, progreso y prosperidad. No ha sucedido aún, pero si todo sigue así, sucederá.

Una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata

27/09/2013 10:00 En la semana de la lucha contra la trata de personas nos encontramos aquí haciendo un análisis desde la política pública en torno a este flagelo que tiene por víctimas principalmente a las mujeres y niñas.  Si bien en la trata están condensadas todas las violaciones a los derechos humanos, como la explotación laboral, la reducción a servidumbre, la explotación de la mendicidad, el robo de órganos, la apropiación y venta de bebés, la explotación sexual; la relevancia de esta última (87%) nos dice que la trata se perpetra mayormente con fines de sometimiento y prostitución de sus víctimas, de las cuales un 90% son mujeres y niñas. Según cifras de la OIT, una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata. Solo en América Latina y el Caribe, se calcula que 250 mil personas son víctimas de trata, una actividad que en la región produce beneficios ilícitos por hasta 1.348 millones de dólares anuales. No hay que perder de vista que estas redes de trata generalmente coinciden con las redes que administran otros crímenes trasnacionales complejos, como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas y el lavado de activos. La ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, fue sancionada en 2008 y modificada en diciembre del año pasado por ley 26.842. Ello da cuenta de una clara voluntad del Congreso de legislar en torno a la problemática de la trata y explotación de personas. Sin embargo, la ley no es más que una herramienta que viene a dar un marco normativo. Para abordar esta problemática de manera integral es necesario implementar y articular una serie de políticas públicas cuyo éxito dependerá de la voluntad política de quienes las ejecutan. En la primera ley se visualiza la adopción de una política de Estado en materia criminal, como fue la de tipificar el delito de trata de forma autónoma. Pero la decisión de hacer hincapié en una política criminal no se materializa por diversos motivos, entre ellos: la presencia de una corrupción enquistada dentro de los poderes del Estado y la falta de decisión ante la inoperancia, desidia, cuando no de  la inexistencia, de capacidades operativas para investigar, perseguir y desmantelar las redes de trata. Dicha ley perpetuaba la vulnerabilidad de la víctima sin revertir su situación. Por un lado,  porque presentaba una laguna legal relacionada con el consentimiento de la víctima mayor de edad, que fue subsanada con la nueva ley: invertía la carga de la prueba debiendo acreditar que había mediado coerción, engaño, etc., por parte del perpetrador, por lo que la trata, la captación, no hubiera sido consentida por la víctima. Pero, a su vez, este proceso de revictimización a lo largo de la investigación policial y judicial se enmarca en una práctica estatal de desprotección a la víctima. La falta de promoción de políticas de asistencia, atención y protección a las víctimas a través de un abordaje integral, ha sido una de las razones que motivó las propuestas de reforma que se debatieron en la Cámara de Diputados. No es la media sanción del Senado, convertida en ley 26.842, la redacción que mejor receptaba las sugerencias y aportes de organizaciones y especialistas en torno a los programas y un plan de acción en la lucha contra la trata y para atender a las víctimas del delito de trata de personas, o al menos no del modo más operativo. Sin embargo, bastaría con implementar la nueva ley para articular acciones efectivas de protección, contención o reinserción. O al menos prever la asignación del presupuesto necesario para tales fines. Pero vamos a contextualizar el proceso de sanción de aquella norma. En diciembre del año pasado, y ante la conmovida opinión pública por el fallo de impunidad en el caso Marita Verón, el Congreso debatió en sesiones extraordinarias la modificación a la ley 26.364 que fuera aprobada en tiempo récord. La reforma estableció penas más severas y que guardan relación con las penas establecidas para otros delitos graves contra la integridad sexual y, si bien vino a corregir algunas de las falencias del texto anterior como la posibilidad de consentir la propia explotación, o la disposición de ciertos mecanismos de coordinación intergubernamental que incluyó un Consejo Federal y un Comité Ejecutivo en el ámbito del Poder Ejecutivo, la ley no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, habiendo transcurrido por demás los noventa días fijados por el Congreso de la  Nación. La falta de reglamentación de la ley parece haber sido la excusa perfecta para justificar la ausencia de partidas específicas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2014 de reciente aprobación en la Cámara de Diputados. Todos sabemos que si no hay presupuesto para hacer operativa esa ley, dicha ley encuentra sus limitantes para ser ejercida, queda vacía de contenido, no sirve. Al momento de la sancionar esta modificación, nosotros advertimos, tal como lo veníamos haciendo anteriormente, que esta aprobación contenía un falso mensaje ya que lo que se evidencia en verdad, es la falta de voluntad política constante, irremplazable por medio de la sanción de una ley que sólo puede servir de marco legal y no como política pública en sí misma, la cual encuentra su correlato en la falta de presupuesto y reglamentación. Y esto nos conduce nuevamente al postulado del inicio de esta exposición: sin voluntad política no hay ley que pueda traducirse en una política de Estado. El abordaje parcial plasmado en la ley de presupuesto 2014 se pone en evidencia cuando, dentro de algunos ministerios, existen escasos programas aislados que buscan abordar, dentro de un gran combo de problemáticas, algunas cuestiones de prevención y atención a las víctimas. Estos pocos ministerios y secretarías que cuentan con estos programas, no articulan entre sí las acciones (Ministerio de Justicia, SENAF, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Migraciones). De acuerdo a los informes de la Oficina Para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas dependiente del US Department of State (informes 2012 y 2013 sobre trata de personas en la Argentina), los servicios especializados para la víctima de trata continúan siendo dispares en todo el país. Entre sus recomendaciones sugiere: Destinar más recursos para la asistencia a las víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel nacional y provincial, y en colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Continuar fortaleciendo la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente, mediante el desarrollo de un plan nacional contra la trata de personas y continuar los esfuerzos a nivel nacional para concientizar sobre todas las formas de trata. No existe como en otros países un programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas que contemple un accionar interministerial e intersecretarial con dicha finalidad ni un plan nacional de acción.  Lo único son convenios de capacitación, no de articulación de políticas, no hay un plan conjunto. Pero decimos que no existe, no porque no tenga jerarquía legal, sí la tiene con la sanción de la última ley, sino porque no ha sido voluntad del Poder Ejecutivo poner en práctica los instrumentos y las asignaciones presupuestarias para desarrollar el Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, debiendo proceder a la constitución del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y del Comité Ejecutivo, que deberán funcionar en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por mencionar otras de las advertencias y recomendaciones de los informes mencionados y que venimos señalando en los últimos años: La superposición de competencias y la falta de coordinación entre las autoridades federales y provinciales generan demoras en algunas investigaciones. Y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta connivencia de algunos funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impiden avances más sustantivos en la lucha contra la trata. Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, procesamiento y condenas a los tratantes, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito. Intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los activos relacionados con este delito. Sosteníamos a fines del año pasado que este hecho político –el llamado a extraordinarias – presuponía que las leyes por sí solas podrían resolver cuestiones como la trata de personas que requieren no sólo de buenos marcos legales sino de una acción estatal integral que apunte a desmantelar las redes de este crimen organizado que vinculan al poder, las fuerzas de seguridad y la justicia. Y creemos fuertemente que el Estado debe asumir un rol proactivo, debiendo desplegar con excelencia una tarea de inteligencia que pueda anticiparse al crimen organizado y quebrar los vasos comunicantes entre la marginalidad social, la corrupción policial y el financiamiento espurio de la política. Consideramos que erradicar los marcos y mercados operacionales de la trata de personas requiere de un firme accionar en el control por parte de las fuerzas de seguridad, de la competencia e idoneidad de estas fuerzas, de la prevención del delito y la asistencia integral a las víctimas como así también de una eficaz concertación regional e internacional entre los Estados. Un dato de la realidad es que hace 5 años de sancionada la ley de 2008 los procesos revelan laescasez de sentencias condenatorias y la imposibilidad de detectar grandes organizaciones delictivas o redes internacionales detrás de los casos investigados. En general, las investigaciones se limitan a los eslabones más débiles de la cadena, incluso mujeres que siendo aún victimas atraviesan un proceso de conversión de “víctima a victimario”. A su vez, la industria generada a partir de la trata de personas pone de manifiesto la adopción de una concepción del ser humano como mercancía y específicamente de la mujer como objeto de satisfacción sexual del hombre. La lógica del capitalismo que brega por la libre circulación de las mercancías se ha extendido hasta el punto máximo de generar mecanismos por los cuales se pone a disposición la oferta de cuerpos femeninos para consumo sexual. Paralelamente, como hemos venido sosteniendo, el mercado amplía las desigualdades generadas anteriormente por las condiciones iniciales de vida. Estamos ante una sociedad cada vez más desigual y cuando hablamos de desigualdad no nos referimos solamente a la de brecha de ingresos, sino también a la desigualdad en el acceso a la educación, la justicia, la cultura, la salud, vivienda como a la inequidad de género. Y es este aspecto el que considero de vital importancia al momento de analizar la problemática de la trata. Cualquier iniciativa que pretenda abordar el tema de la trata requiere el reconocimiento de la intersección entre la cuestión de género y situaciones de pobreza y marginalidad social. Esta intersección está presente no sólo en la trata de personas con fines de explotación sexual sino también en otros flagelos sociales como el aborto clandestino, la precariedad laboral, la violencia de género, la esterilización forzada, entre otros. Es preciso reconocer que la desigualdad de género tiene su origen y fundamento en una sociedad patriarcal y sexista que nos considera a las mujeres subordinadas a los hombres y no en pie de igualdad. Así es como se producen situaciones que van desde la violencia en el ámbito familiar hasta la violencia institucional ejercida por jueces que desconfían e ignoran los alegatos y testimonios de cientos de mujeres víctimas de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual. “El estereotipo más frecuente entre los jueces es que las sobrevivientes de trata mienten” (Colombo, Jefe de la UFASE). La discriminación ejercida por los operadores judiciales y policiales muestra los prejuicios que existen en el sistema y en la sociedad. De esta manera las víctimas deben superar diversos obstáculos para ser creíbles dentro del sistema judicial y policial y esto no les garantiza conseguir un fallo justo, es decir, el verdadero acceso a la justicia. Es la selectividad de la política criminal. Es injusticia. Es sabido que ante delitos complejos las pruebas deben contemplar el contexto. En el caso de la trata de personas, delito en el que el poder está involucrado y es cómplice, antes que ser rigurosos con pruebas no testimoniales (factibles de ser implantadas o falseadas por la policía dada su participación), es necesario contemplar de manera ponderada el valor de la palabra. Y más si estamos diciendo que el sistema judicial, cuando se pronuncia y comienza la investigación, lo hace pasados tantísimos años. No se trata de un vacío legal, se trata de no respetar ni valorar los testimonios de las víctimas a fin de dejar impune a las redes y las corporaciones que las sostienen: se está perpetuando el delito. A su vez este Estado ausente deja en una situación de abandono a las víctimas quedando expuestas a ser captadas nuevamente por las redes delictivas. Es necesario terminar con la violencia institucional impartida por el sistema judicial y policial. Para ello se requiere que, además de que estos órganos estén capacitados en temas de génerose produzca un cambio en el procedimiento: ya insistí con anterioridad en esta cuestión y me parece importante traerla a colación, ya que la considero una herramienta para combatir este tipo de violencia institucional. Se trata de una iniciativa de mi autoría (expte. 1329-D-12; existe otro afín de la Diputada Marcela Rodríguez) que tiende a proteger a la víctima de los delitos contra la integridad sexual, preservar su intimidad y evitar que el propio sistema judicial la revictimice, por lo que en la redacción propongo, entre otros, dos cuestiones cruciales 1) que el testimonio de la víctima no deba ser corroborado y 2) que no sea admisible medidas probatorias sobre la conducta sexual de la víctima anterior ni ulterior al hecho que se investiga. Esto apunta a evitar la estigmatización y las presiones y amenazas futuras de los proxenetas sobre las víctimas y sus familias. El informe anual de la UFASE revela que la mayoría de las causas llegan a la justicia alcanzada la etapa de acogimiento y consumada la explotación y éstas no aseguran el cese del funcionamiento del lugar de explotación); por un Estado que no pone a disposición de las víctimas asistencia integral sino que ésta fue y es provista por la Fundación de Susana Trimarco (que además investigó el caso por su cuenta y liberó a 115 víctimas); por un Estado que no ofrece protección ni contención a las víctimas, en síntesis por un Estado que reproduce desigualdades y ejerce violencia institucional. Frente a este estado de situación, consideramos que es necesario la erradicación de las causas y condiciones que facilitan los hechos de violencia contra las mujeres, como lo es la trata de personas, e impulsando la actuación de una justicia independiente y eficaz, integrada por magistrados probos, sensibles a la problemáticas humanas, comprometidos con el esclarecimiento de los ilícitos y libres de presiones de cualquier clase de corporación. Entre las acciones que consideramos prioritarias se destaca el impulso por un cambio cultural profundo que permita la modificación de las conductas sexistas, eliminando prejuicios, estigmas y mandatos que son los que en la actualidad sostienen y reproducen el machismo, y por lo tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres.  Mientras no se problematice la cuestión de género en todas su aristas no será posible elaborar una política integral que permita poner a la mujer en un pie de igualdad y se la valorice en el imaginario social y colectivo. Por otra parte, es prioritaria la elaboración de estadísticas serias que permitan un conocimiento preciso sobre el estado de situación actual sobre la trata a nivel federal y posibilite la elaboración de políticas públicas que aborden integralmente la problemática. Se necesita a su vez la difusión de una campaña nacional que tenga como objetivo concientizar en el hecho de que “sin clientes no hay trata” para evitar que potenciales víctimas sean sometidas al secuestro, el rapto, el engaño, o el abuso, propios del accionar de las redes. Esta campaña permitiría involucrar a la comunidad en la lucha contra la trata y no sólo a los poderes del Estado. Es muy importante tener en cuenta esto: porque si nadie quisiera satisfacer su deseos de paternidad o maternidad “comprando” un bebé (y no a través de los mecanismos legales de la adopción), si nadie comprara productos de fábricas o talleres en donde sabemos que sus trabajadores están sometidos a condiciones infrahumanas de explotación, o bien recurren a la mano de obra infantil; y si nadie considerara a la mujer como mero objeto de satisfacción, este delito no existiría. Desarrollar una seria política de Estado exige articular los esfuerzos de los gobiernos locales y el Estado nacional con otros Estados (en especial los países limítrofes y los de América Latina) para la prevención, persecución e investigación del delito y, como hemos dicho, para una atención adecuada a las víctimas. Margarita Stolbizer Panel de Políticas Públicas

Se presentó ante el HCD un interesante proyecto de reivindicación de pueblos originarios

Entre diversos puntos, propone reemplazar nombres de espacios públicos que llevan la denominación de quienes llevaron adelante su exterminio.

18/10/2013

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El Centro Cultural "Juana Azurduy" viene desarrollando una importante actividad, marco en el que recientemente se ha presentado un interesante proyecto ante el H. Concejo Deliberante.

Tres de sus integrantes, Sergio Ramos, Marcelo Monforte y Darío Lanieri, comentaron detalles del mismo a nuestro medio, indicando que el mismo, en líneas generales, se enmarca en una tarea que se viene haciendo a nivel provincial en busca de reivindicar a los pueblos originarios y repensar la historia local.

"Nuestra idea es la de repensar la historia oficial, que enalteció próceres, llamó desierto a un territorio que no fue tal; y que habló de fundación de pueblos y de descubrimientos de tierras, cuando en realidad existían pobladores originarios", señaló Sergio Ramos.

Nuestro interlocutor explicó que este proyecto fue presentado la semana anterior al H. Concejo Deliberante, considerando que, entre otras cuestiones, "la ciudad de 9 de Julio no debería tener en sus calles principales los nombres de los generales Vedia y Mitre, que fueron para la historia oficial dos grandes próceres; mientras que para los pueblos olvidados fueron los genocidas que por un lado se quedaron con sus tierras y delinearon el régimen de tierras en nuestro distrito y en la provincia".

"Nuestra intención es entonces trazar una mirada revisionista para plantear quiénes somos, qué somos como nuevejulienses y dónde está la historia de los pueblos olvidados", agregó.

Por su parte, Marcelo Monforte indicó que la intención es que los distintos Bloques del Concejo Deliberante tomen el proyecto y hagan sus evaluaciones y eventuales aportes.

"Queremos debatir esto ampliamente, reflexionando si efectivamente estos próceres merecen tener su nombre grabado en los espacios públicos de nuestra comunidad, ya que muchos de ellos fueron partícipes de un proyecto donde se decía que el contexto justificaba la violencia, poniendo el progreso por delante de quienes habitaban estas tierras, cuando la realidad es que el motor de todo ese proceso fue netamente económico", argumentó, considerando que sería oportuno "cambiar estos nombres por los de vecinos o aborígenes que forjaron la historia del pueblo en forma pacífica y tolerante".

"No nos vamos a quedar solamente en la presentación de este proyecto, que ha sido evaluado también por otras organizaciones sociales, como decía Sergio, en un contexto de análisis provincial y nacional que tiene rigor científico y que ha sido avalado por el "Colectivo Chau Roca", organización acompañada por Osvaldo Bayer, uno de los primeros historiadores que planteó este tema y por la Comisión de Aborígenes de Trenque Lauquen, junto a quienes estamos preparando una actividad para el mes de noviembre", comentó posteriormente Darío Lanieri.

Por otra parte, reconoció que este tipo de prácticas de avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios, "se sigue repitiendo en la actualidad como sucede con lo Qom en Formosa o los Mapuches en Neuquén, luego del acuerdo Chevrón - YPF; lo que de alguna manera demuestra que esto no ha terminado".

DEMOCRACIA POR SIEMPRE EN EL 9

La democracia va sobre ruedas por suerte esto se puede decir por los muchos años del ejercicio de la misma , todavia hay algunos que dicen de los militares que instalaban el orden si claro pero a que costo, muertos y desaparecidos .

Hoy por hoy esta democracia naciente y mejor dicho treitona se comporta con un joven de hoy de 30 esta errante pero sabe que algo tiene que hacer y ese hacer es mejorar  la vida de la gente , como realizarlo con consciencia y mucho compromiso social, esto es primordial para que esta sea un forma de crecimiento de la democracia , pero todavia hay sectores que quieren la acumulación de riquezas solo para un sector social esto perjudica a nuestra democracia a la cual vamos a defender con todos lo que tengamos a mano , ideas, proyectos , leyes, compromiso y sobre todo respetar la ley .

Adoro esta democracia con todos sus defectos pero es el mejor sistema , hay que mejorarlo seguro y creo que mucho ayudemos todos y viviremos mejor en nuestra querida ciudad.

Los que vivimos esa epoca de dictadura disfrutamos el doble esta democracia y don Raul decia va a crecer y ser grande luego de 100 años de historia democratica y que asi sea .

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